Desde abril del 2019, la firma Gorostiaga Inmobiliaria SA no puede disponer de un inmueble de 1.500 hectáreas ubicado en el distrito San Vicente Pancholo, del departamento de San Pedro, porque allí están asentadas de manera irregular unas 500 personas sintierras lideradas por invasores profesionales y amparadas presuntamente por los políticos de la zona.
Desde su adquisición en abril del 2004, la tierra es sumamente productiva y tanto la empresa Gorostiaga como los arrendatarios han llevado adelante exitosos trabajos agropecuarios en el sitio. Sin embargo, en el año 2008, el inmueble comenzó a recibir la “visita” de personas extrañas que tenían la intención de adueñarse de las tierras, alegando que existían supuestos excedentes fiscales.
Tras concretar la expulsión de los invasores, en abril de 2019 nuevamente un grupo ingresó sin autorización al lugar para instalarse de manera irregular. En noviembre de ese año, el fiscal Jorge Encina y agentes policiales procedieron a realizar un operativo de expulsión, pero los ocupantes pidieron un plazo para cosechar sus plantaciones. Se acordó cuando eso que solo 4 iban a ingresar con acompañamiento policial hasta el 28 de febrero del 2020, sin embargo, los invasores no cumplieron con lo estipulado y tampoco se retiraron del inmueble una vez cumplido el plazo. En el acta fiscal de ese procedimiento se menciona el nombre de Francisco Moreno entre los responsables de la invasión.
Según la denuncia hecha por los propietarios, durante ese tiempo de tregua, los sintierras mostraron hostilidad en todo momento, incluso robaron los postes de un alambrado perimetral y no permitieron a los encargados siquiera construir un pozo artesiano.
La situación empeoró el 4 de mayo de 2020, cuando un nuevo grupo de invasores ingresó al inmueble en forma clandestina y sin autorización de la propietaria, construyendo más viviendas precarias e introduciendo en el lugar tractores y herramientas, con los cuales comenzaron a realizar trabajos de siembra.
En reiteradas ocasiones, el fiscal Jorge Encina solicitó acompañamiento policial para la realización de una constitución hasta el inmueble, a los efectos de ordenar la aprehensión de las personas que allí se encontraban, pero la Comandancia de la Policía recomendó postergar el procedimiento por la pandemia.
A la sospechosa inacción policial se sumó el acompañamiento de las autoridades de la zona a las pretensiones de los invasores. En ese sentido, en octubre de 2020, la Mesa Coordinadora de Sintierras del departamento de San Pedro se reunió con el Gobernador Carlos Giménez, el intendente de Santa Rosa de Aguaray, Esteban González, y el entonces presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Mario Vega Mereles, quien fue destituido del cargo por un presunto pedido de coima de US$ 200 mil para trámites de títulos; entre otros políticos. En la ocasión, los líderes de la coordinadora rural concretamente pidieron dejar sin efecto las acciones judiciales para el desalojo de las ocupaciones irregulares y hacer mensuras judiciales, de modo a saber si eran excedentes fiscales y en el caso de no serlos, que el Estado adquiera de los propietarios para repartir entre los necesitados.
El apoyo político que más estaría recibiendo el grupo de invasores del inmueble de la firma Gorostiaga provendría aparentemente de parte del intendente de San Vicente Pancholo, Nicolás Vargas Navarro, y su hermano, Armando Navarro, alias Mberu’i. Coincidentemente, ambos hermanos habían protagonizado un sonado caso en junio del 2018, cuando atacaron la comisaría de esa localidad con la finalidad de rescatar al detenido Francisco Moreno, quien al año siguiente apareció como uno de los responsables de la invasión que sufre hasta la fecha la empresa Gorostiaga.
Si bien el derecho a la propiedad privada tiene rango constitucional, en Paraguay se viola cada dos por tres ante la inacción de los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normativas vigentes. Detrás de estas ocupaciones irregulares hay un fuerte componente político, por lo que es evidente que la justicia queda doblegada ante los oscuros intereses que tienen las autoridades que siguen apañando a estos invasores profesionales. ¿Hasta cuándo se seguirá violando impunemente la ley?
