Hace unas semanas, una encuesta de percepción mostraba que la principal preocupación de la ciudadanía era la inflación y después de eso el empleo y la salud. Esta preocupación llama la atención, ya que este problema no había sido considerado en los últimos años. Si bien en la última década hubo periodos en que el aumento de los precios de los alimentos superó los dos dígitos, el promedio general de la inflación se mantuvo por debajo del 10%, lo cual hizo que otros problemas aparecieran como más importantes. Las autoridades económicas deben actuar atacando las causas, superando visiones simplistas que pueden generar daños profundos a la calidad de vida, de por sí bastante baja.
Los postulados de la teoría monetaria han supuesto que el origen de la inflación se encuentra en el exceso de la cantidad de dinero en el mercado. Por tal razón, la medida más utilizada es reducir la circulación a través del incremento de las tasas de interés. Esta política tiene un efecto colateral en los niveles de empleo, ya que al encarecerse el crédito se reduce la capacidad de las empresas de impulsar el empleo y los ingresos laborales.
Dado que actualmente las causas del aumento de los precios no tienen bases monetarias, sino reales los efectos en los precios van a ser lentos y escasos ,sino que además tendrán impacto negativo en el mercado laboral y en la desigualdad. En este contexto, la política monetaria genera un traslado de recursos de la población general hacia el sector financiero a la par de agudizar la recesión.
La respuesta monetaria en Paraguay se está dando sin afectar los determinantes de la inflación, lo que acarreará consecuencias desproporcionadas en el bienestar. El aumento de los precios de los alimentos debería enfrentarse con una buena política de fomento a la agricultura familiar. Paraguay cuenta con oportunidades de mitigar ya que es un país productor de alimentos, y por lo tanto puede aumentar la oferta de los mismos. Sin embargo, actualmente estamos paralizados en tal sentido.
La falta de acceso a alimentos sanos pone en riesgo la estabilidad de los precios y la salud de la población. A medida que empeora la calidad de los alimentos, enfermedades como el sobrepeso y la obesidad, la diabetes, la presión alta se traducen también en un aumento de los costos de los servicios de salud. Cuando las familias no pueden pagar por productos alimenticios de calidad nutricional reemplazan con otros de menor calidad, generalmente con impactos nocivos en la salud.
El segundo determinante actual del aumento generalizado de los precios son los combustibles fósiles. Paraguay es productor y exportador de energía renovable y a pesar de ello está sufriendo igual que los países que no cuentan con este recurso. Es inconcebible que no sea posible mitigar el aumento de los combustibles con una mayor oferta de energía eléctrica y más barata.
Ambas situaciones se veían venir desde hace años y los gobiernos no tomaron las medidas necesarias. Hoy la ciudadanía está sufriendo el efecto de una pandemia en la salud y en el empleo, y ahora se suma la pérdida de poder adquisitivo de los pocos ingresos con que cuenta.
El Estado tiene funciones, competencias y obligaciones, incluso constitucionales, que debe garantizar para la población. Al no cumplir cabalmente con estos objetivos no solo generaba una mala calidad de vida, sino que actualmente con el aumento de los precios pone en riesgo años de lentas mejoras en el bienestar.
Ojalá el Gobierno y los funcionarios públicos que se deben a la ciudadanía tomen conciencia del rol que tienen y diseñen e implementen medidas que aminoren las consecuencias negativas del proceso inflacionario. Paraguay tiene todas las condiciones materiales para cumplir con este objetivo.
Un proceso inflacionario tiene efectos reales en el bienestar. Una política monetaria sin otras medidas puede terminar exacerbando la reducción de los niveles de bienestar sin lograr reducir la inflación al ritmo y nivel deseado y aumentando la desigualdad. Las soluciones simplistas pueden tener un alto costo, por lo que las autoridades económicas –monetarias y fiscales– deben calibrar adecuada y oportunamente las medidas necesarias. UH
