Según el presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se trata de una situación de emergencia anunciada.
Luego de la fuga de los 75 reos de la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero en la madrugada del domingo y la posterior entrega de uno de los fugados, familiares denunciaron tortura. Al respecto, el presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), Dante Leguizamón, señaló que desde el momento de la fuga están haciendo seguimiento sobre la situación ocurrida en PJC y lo que viene ocurriendo en las penitenciarías desde hace rato.
“La situación penitenciaria está en una situación de emergencia anunciada digamos hace varios años pero se vio agravada con la intervención de las organizaciones criminales”, expuso.
Refirió que desde febrero del 2019 con los motines en Concepción, Coronel Oviedo, la masacre ocurrida en San Pedro, la toma de rehenes en Encarnación y otras situaciones relacionadas al crimen organizado, como MNP vienen recomendando y solicitando a los Poderes del Estado un dialogo con relación a las medidas que habrían que tomar a corto, mediano y a largo plazo.
“No solo en las medidas de emergencias sino pensando en todo el problema y en tomar medidas que se ocupen sobre el fondo del problema. La situación de hacinamiento, la falta de acceso a derechos, importante grado de corrupción y la violencia existente en el sistema funciona como caldo de cultivo para el fortalecimiento y las organizaciones criminales sigan ampliando su poder y su espectro dentro del sistema penitenciario” aseguró.
Además habló de una fragilidad del sistema. “La situación en PJC posterior a la fuga y específicamente la vuelta de esta persona que se entregó porque no se puede hablar de captura, sino que se entrega. La denuncia del reo, demuestra la fragilidad que tiene nuestro sistema a la hora de investigar este tipo de hechos y proteger a la persona”, lamentó.
Posición del MNP sobre estado de excepción
Indicó que todavía no pudieron profundizar el análisis o investigación con relación al caso, sin embargo, resaltó que el departamento de Amambay se encuentra militarizado desde el cambio de la ley de defensa en el año 2013 y posteriormente con la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). “Nosotros no vemos cuál sería la diferencia entre el estado de excepción y el proceso de militarización actual que se propone, la acción es la misma y no se ha visto resultados de ninguna forma”, puntualizó. LA NACION
