Inteligencia Tributaria detectó que transacciones se declararon incluso por debajo del valor fiscal, con lo que compañías y empresarios lograron pagar menos impuestos por sus ganancias.
La subdeclaración es una maniobra fraudulenta por medio de la cual los contribuyentes afirman ante el Fisco haber ganado menos dinero por un determinado tipo de actividad económica; por ende, pagan menos impuestos.
Esta es la artimaña a la que habrían recurrido algunas compañías y empresarios del sector inmobiliario para evadir al Tesoro Público, según una investigación que realizó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).
La pesquisa, llevada adelante por el departamento de Inteligencia Tributaria, gira en torno a dos gravámenes: el impuesto a la renta empresarial (IRE) y el impuesto a la renta personal (IRP).
Pese a ser dos obligaciones con alcances diferentes, el modus operandi es el mismo: declarar ventas por debajo del precio real para simular menos ganancias y de ese modo tributar menos.
El reporte incluso indica que las compañías y desarrolladores inmobiliarios declararon transacciones por debajo del valor fiscal y muy inferiores al valor de mercado. El primero es el precio mínimo que pone el Fisco para el pago de impuestos, mientas que el segundo es el precio fijado privadamente con base en la oferta y la demanda.
Blanqueo. La investigación de la SET al negocio inmobiliario también detectó indicios de lavado de dinero.
La Administración Tributaria tiene sospechas sobre el origen del dinero que se utilizó para capitalizar a una decena de compañías, tanto para la adquisición de terrenos, casas o departamentos; así como para las construcciones y refacciones de viviendas particulares, edificios o condominios, entre otros.
Tras estos indicios, la entidad encargó una fiscalización puntual a empresas y empresarios, en busca de determinar específicamente el monto no abonado en concepto de impuestos para la aplicación de las sanciones. No obstante, los contribuyentes investigados pueden recurrir las sanciones, en un proceso que se conoce como sumario. En última instancia, si no hay acuerdo, pueden accionar ante el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, tras el término de la fiscalización, si se confirman los indicios de lavado, los documentos e informes serán remitidos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
EMPLAZAMIENTO. La investigación al negocio inmobiliario no es una novedad.
Según se supo a fines de abril, la entidad intimó a 78 empresas del sector de la construcción, por inconsistencias en sus declaraciones juradas por USD 14 millones.
Los hallazgos durante la fiscalización tienen que ver con egresos que no cuentan con comprobantes de respaldo, aunque también se sospecha de la utilización de facturas falsas. Asimismo, se detectaron diferencias entre las declaraciones juradas de renta y de consumo.
Por el secreto de las actuaciones, la SET no puede dar a conocer el nombre de las empresas hasta que la sanción sea confirmada por la Justicia.
Rendimientos dispares registraron el IRE y el IRP
El impuesto a la renta empresarial (IRE) es uno de los gravámenes que arrastra un saldo rojo al cierre del quinto mes del año.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, este tributo recaudó unos G. 2,71 billones, lo que corresponde a una caída del 14,1% en comparación con el mismo periodo del 2022.
Según la SET, esta disminución se debe a la sequía que golpeó duramente al campo el año pasado, con lo que las ganancias del sector se desplomaron.
El impuesto a la renta personal (IRP), por su parte, terminó mayo alcanzando los G. 374.076 millones. Esto equivale a un crecimiento del 3,5% con respecto al año pasado. UH
