El Ministerio Público imputó por cinco hechos punibles y pidió la prisión de cuatro agentes policiales que prestaban servicios en la Comisaría 7ma del barrio San José. Los uniformados habrían robado R$ 130.000 a un ciudadano brasileño a finales del 2.019.
Por el mismo caso también son investigados un taxista y un conocido abogado de la zona Este, quien inicialmente representó a la víctima y en cuestión de horas retiró de nuevo la denuncia. Los uniformados con pedido de prisión permanecen en libertad por el momento.
La fiscal Vanesa Candia presunto imputación y pidió la prisión del oficial Freddy Miguel Villalba Ramírez (38), y los suboficiales Santiago Acosta (37), Carlos Fabián Sanabria Paredes (32), y Alfredo Mendoza Said (37), todos agentes de la Comisaría 7ma del barrio San José.
Los mismos son investigados por los hechos punibles de robo agravado,
privación ilegítima de libertad, omisión de dar aviso de un hecho punible, producción mediata de documento público de contenido falso, y frustración de la persecución penal.
Aparte de los uniformados también son investigados el taxista Bienvenido Acosta González (53) y el abogado José Gill López (75), conocido por incitar invasiones de tierra y representar a los invasores.
EL CASO
Los cuatro uniformados están sospechados de haber robado R$ 130.000 al brasileño Roger Luis Ramos (39) en diciembre del 2019. En la época el extranjero se dirigía a la casa de un amigo a bordo de un taxi cuando fue abordado por los policías de la Comisaría 7ma debajo del viaducto del Km. 5,5.
Al notar que el brasileño tenía un bolso cargado con gran cantidad de dinero, los uniformados lo alzaron en la patrullera y lo llevaron hasta un parque del Area 1. Allí contabilizaron R$ 250.000 que supuestamente serían usados para la compra de mercaderías y tras una negociación devolvieron a la víctima R$ 120.000, no sin antes amenazarlo para que vuelva a su país sin decir nada.
Por medio del abogado José Gill López el brasileño radicó la denuncia justamente en la Comisaría 7ma. Pero llamativamente, tres horas después el letrado regresó a la unidad policial para retirar la denuncia, alegando que su cliente cayó en contradicciones y que ya no quería representarlo.
Tras averiguaciones con la policía brasileña se constató que el afectado tenía antecedentes por narcotráfico en su país.
