La delación premiada, que permite reducir las penas carcelarias a personas vinculadas a hechos punibles que revelen detalles a la justicia, aún no existe en Paraguay, aunque varios episodios han demostrado la necesidad de incluir esta figura en el Código Penal.
Por Robert Bourgoing (@robertb_py)
La definición jurídica señala que la delación premiada consiste en un acuerdo alcanzado por el investigado (acusado o condenado) por la comisión de un delito en el que, a cambio de la confesión o la prestación de información relevante, se ofrecen determinados beneficios que pueden consistir en la rebaja de la pena o incluso su remisión total, y también en la retirada de la acusación, con el consiguiente sobreseimiento de la causa, o, previamente, en la decisión de no acusar al delator.
En nuestro país, la figura de la delación premiada como tal no existe dentro del Código Penal Paraguayo, aunque sí se puede hablar de una tipificación similar en la Ley 1340/88 “Que reprime el tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines”.
En su Artículo 43, dicha normativa menciona: “Las penas previstas en esta Ley serán disminuidas a la quinta parte si el procesado, antes de dictarse prisión preventiva, diere información que permita el comiso de cantidades considerables de sustancias a que se refiere esta Ley o el descubrimiento de organizaciones de traficantes, y a la tercera parte, si la información se proporcionare después de dedicarse dicho auto, pero antes de la sentencia definitiva”.
La delación premiada, aplicada con resultados positivos en diversos países del mundo, permite reducir las penas privativas de libertad a personas que sean vinculadas a algún hecho punible, sean en calidad de autor o cómplice, siendo una herramienta de gran utilidad para las autoridades en el marco de una investigación penal.
Un ejemplo claro de ello es cuando se habla de crimen organizado, corrupción o tráfico de drogas, puesto que, en este tipo de ilícitos, se busca llegar a los esquemas detrás de las operaciones y para ello, en ocasiones se debe recurrir a las fuentes internas que pudieran manejar información sensible.
El problema radica en que la única legislación en la que se incluye una figura similar a la delación premiada en Paraguay, solo tiene aplicabilidad en lo concerniente al combate al narcotráfico, no pudiendo ser aplicada a otras figuras penales donde también hay una necesidad real.
ANTECEDENTES EN PARAGUAY
En el año 2020, el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis había presentado un proyecto de ley que planteaba una modificación en el Código Penal, estableciendo la posibilidad de beneficiar “al autor, cómplice o encubridor” que admitiese su participación en hechos punibles o proporcionase elementos probatorios objetivos para el esclarecimiento del hecho.
Entre los beneficios contemplados en este proyecto se incluyen la reducción de las penas a los delatores que pudieran admitir su culpabilidad o, en todo caso, sindicar a los responsables detrás de algún ilícito. Finalmente, esta iniciativa no llegó a prosperar en el Congreso.
Ya este 2023, los exsenadores Marcelo Duarte y Orlando Penner presentaron un proyecto de ley de “Saneamiento de la Administración Pública”, que tenía como premisa principal crear la figura de la “denuncia premiada” en casos de hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.
Uno de los aspectos llamativos de la propuesta legislativa es que plantea “premiar” al funcionario público que denunciara formalmente un hecho de corrupción, pudiendo ser exonerado de cualquier posible sanción y, además, acceder a una retribución económica que puede ir de 10 a 20 salarios mínimos.
CONTEXTO EN OTROS PAÍSES
La figura de la delación premiada es aplicada en varios países del mundo. En nuestra región, Colombia es una de las naciones donde su aplicación ha logrado importantes resultados a lo largo de los años y recientemente estuvo en boca de todos con el caso Marcelo Pecci.
Gracias a la confesión hecha por algunos de los presuntos participantes del crimen del fiscal paraguayo, las autoridades redujeron la pena carcelaria y, con ello, les otorgaron un beneficio por haber contribuido al esclarecimiento de los hechos investigados.
Estados Unidos es otro país que contempla en su normativa la delación premiada. Un caso importante vinculado a Paraguay involucra al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi, quien había sido extraditado en junio del 2022 a suelo norteamericano y decidió acceder a esta figura legal para reducir la sanción a ser aplicada en su contra.
PARAGUAY, A LA ESPERA
Ante todo lo mencionado anteriormente, se plantea como una necesidad la modificación del Código Penal vigente para introducir esta figura que permitirá “premiar” a los que pudieran confesar la comisión de algún hecho punible o en todo caso aportar información significativa para las autoridades, a fin de favorecer a la investigación. hoy
