El contrabando en Paraguay ha avanzado hasta alcanzar niveles insospechados y de efectos muy difíciles de cuantificar. No es un problema derivado de la situación particular o coyuntural de alguno de nuestros países vecinos. Su existencia tiene raíces en nuestro contexto interno que ha permitido la existencia de grupos nacionales e internacionales que configuran un complejo entramado delictivo que ha logrado insertarse en todos los ámbitos y niveles gubernamentales. El resultado erosiona el Estado de derecho y es un freno absoluto al desarrollo y a la convivencia pacífica.
El contrabando es un fenómeno extendido con importantes implicancias económicas, sociales y políticas y se encuentra atravesado por conductas delictivas, redes de poder y corrupción. Es aceptado culturalmente frente a la inacción, y complicidad en muchos casos, de las fuerzas públicas y de la Justicia por combatirlo e impedir la impunidad.
En un país en el que la desigualdad está casi naturalizada y el “sálvese quien pueda” reemplaza cotidianamente a la garantía estatal de los derechos, para un sector de la población significa empleo, subsistencia diaria y, actualmente, una forma de mitigar la inflación tampoco abordada en su causas y verdadera magnitud.
La falta de oportunidades para la juventud los expone y vulnerabiliza, hipotecando su futuro y el de la Nación. Este sector tan importante para el país en su fase de bono demográfico está particularmente afectado tanto por su involucramiento en la economía ilegal como por las consecuencias a largo plazo cuando son detenidos.
Con este escenario se crean las condiciones adecuadas no solo para facilitar su persistencia, sino también para dar lugar a nuevas vías, mecanismos, bienes y jefes involucrados. El fenómeno abarca desde el traslado de mercaderías para el consumo familiar como medicamentos hasta el comercio de grandes volúmenes de drogas y armas.
Paraguay está en el centro del problema y es territorio en el que se asientan organizaciones criminales internacionales que mueven drogas, cigarrillos, armas, combustibles e inclusive personas en forma transfronteriza, en circuitos internacionales de intercambio utilizando redes y rutas locales en asociación con otros grupos delictivos.
La protección del negocio implica además la falsificación, el secuestro, la extorsión, el sicariato y la violencia extrema y, posteriormente, en la secuencia de las actividades delictivas, el lavado del dinero resultante. En este proceso se van liberando territorios, ya que la población debió huir y los que quedan deben incorporarse ya sea voluntaria u obligatoriamente en algún eslabón de la cadena.
Este movimiento no podría realizarse sin la participación activa y cómplice de autoridades territoriales, policías y militares, lo cual implica además la ruptura de pilares básicos necesarios para la vigencia de un Estado de derecho.
En paralelo, se obstaculiza e inclusive se destruyen negocios legales, la generación de empleos de calidad y la producción de bienes y servicios necesarios para el bienestar. La innovación, el espíritu emprendedor y la inversión desaparecen como motores del desarrollo, dando lugar a una economía subterránea que solo beneficia a una minoría cuyo poder económico se traslada al ámbito político, destruyendo cualquier oportunidad de avance.
No hay ninguna posibilidad de mejoras en la calidad de vida y el crecimiento mientras exista contrabando, cualquiera sea el bien involucrado o la amplitud y profundidad del problema. En todos los casos destruye las condiciones básicas que requiere la convivencia pacífica, la dignidad de los habitantes, la cohesión social y el desempeño económico. Ojalá las autoridades puedan comprender el daño que hace al país, sanear las fuerzas públicas y el Poder Judicial, recuperar el territorio y empezar a imponer la ley de manera a limpiar progresivamente este flagelo. UH
