Desde hace años, el país es testigo de graves problemas en el abastecimiento de frutas, verduras y hortalizas. En las últimas semanas ha sido motivo de debate y preocupación en la sociedad el precio del tomate debido a su peso en la canasta familiar y en la cultura alimentaria. A pesar de esta preocupación, las instituciones públicas con competencia en el tema como la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Comisión Nacional de la Competencia no han dado respuestas suficientes, así como tampoco los organismos que conforman el Sistema MAG cuyo abandono a los productores es ya conocido. Así, productores y consumidores son los principales perjudicados.
La inflación de alimentos en Paraguay corroe los ingresos familiares limita las oportunidades de reducción de la pobreza y reduce la calidad nutricional en el hogar. Una multiplicidad de problemas afectan a la producción y a la disponibilidad de alimentos sanos con su traslado final a los precios, cuyo aumento en la última década han sido persistentes.
A la histórica deficiencia de la política dirigida a la agricultura familiar se agregan el agravamiento del contrabando y de los efectos de la crisis climática. El MAG y todas las demás instituciones vinculadas al desarrollo agropecuario deben tomar cartas de esta tremenda problemática y asumir su responsabilidad en el fracaso de la política. Los precios actuales no solo del tomate, sino de la mayoría de los otros rubros que son parte de la cultura gastronómica nacional son la señal inequívoca de la necesidad de tomar en serio la seguridad y soberanía alimentaria.
La agricultura familiar provee los principales rubros de la canasta alimenticia, no solo de las familias campesinas, sino también del resto de la población. La calidad de vida de un país depende de su capacidad para generar y distribuir los alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer la demanda de la población.
La agricultura familiar genera ingresos en los hogares campesinos, por lo cual constituye uno de los mecanismos fundamentales para la lucha contra la pobreza. Las familias que proveen alimentos al país, a pesar de su relevancia en el bienestar de toda la población, están entre las más pobres y vulnerables.
La agricultura familiar es fundamental para garantizar la cultura alimentaria. Muchos son los problemas que enfrenta el sector. El cambio climático alteró los ciclos productivos y genera pérdidas tras cada evento de sequía o tormenta fuerte. No cuenta con créditos suficientes ni seguros agroclimáticos. La falta de infraestructura vial y en la finca como media sombra, sistemas de riego y almacenaje y mecanismos de mercado ponen en permanente riesgo de pérdida a la producción campesina. La falta de tierra y su mala calidad cuando la tienen es un problema estructural.
Es claro que una política dirigida a la agricultura familiar no es una necesidad solo del campo, sino también para la ciudad. El incremento de la inflación de alimentos en los últimos años lo demuestra, ya que originó una persistente reducción de los ingresos laborales reales.
El Estado debe garantizar el acceso de la población a alimentos en cantidad y calidad suficientes. Ello exige una política de calidad dirigida al impulso del sector. Esta debe ser amplia e integral y debe abarcar todos los ámbitos problemáticos, desde el acceso a la tierra y a mejor infraestructura vial y productiva, hasta la asistencia técnica, la inclusión financiera, el acceso a mercados y a información para mejorar los estándares de calidad y adaptarse al cambio climático.
El Poder Ejecutivo a través del MAG debe aumentar de manera sustancial la calidad de la inversión actual en la agricultura familiar e impulsar el involucramiento de los gobiernos locales. Por otro lado, las instituciones con funciones en la defensa de la competencia y la protección al consumidor deben hacer lo suyo. Es inadmisible que ni siquiera den a conocer los problemas que tiene el mercado de tomates y los riesgos de colusión y conductas oligopólicas. Todo ello con fuerte impacto negativo en la población pero con un gran beneficio para un grupo minúsculo de personas.
Una función básica del Estado en la seguridad y soberanía alimentaria. Paraguay cuenta con organismos públicos con competencia y presupuesto para implementar estas políticas. UH
