El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado otorgó seis meses más de plazo a la Fiscalía para la presentación del requerimiento conclusivo en el caso de la Gobernación de Central. El ex gobernador Hugo Javier González es investigado por un presunto desvío de fondos.
El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos dio seis meses más a la Fiscalía para presentar requerimiento conclusivo en el caso del presunto desvío de G. 18.300 millones de la Gobernación de Central, donde investigan a Hugo Javier González, según informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
El pedido fue realizado por el agente fiscal de la Unidad 9 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Juan Manuel Ledesma, y la fecha límite quedó para el próximo 26 de setiembre.
El tribunal está conformado por los jueces Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez Faría.
El ex gobernador se encuentra investigado tras un informe de la Contraloría General de la República, que detectó posibles inconsistencias en las transferencias de al menos G. 18.000 millones por parte de la Gobernación a instituciones educativas y oenegés.
Los millonarios montos fueron transferidos en el 2019 a la oenegé Plantemos Conciencia, la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), e instituciones educativas municipales y departamentales. Otras 49 personas forman parte de la causa.
De acuerdo con la investigación del fiscal Juan Ledesma, dichas instituciones no presentaron rendiciones de cuentas y no existen documentos que respalden las transferencias.
Otra causa contra Hugo Javier
El político colorado cuenta con arresto domiciliario desde noviembre del año 2022 y también posee otra causa, en la que se investigan desembolsos por más de G. 5.000 millones en el 2020, en los que ni siquiera existían convenios o proyectos a la vista, según la investigación.
En mayo del 2021, junto con otros implicados en el esquema, presentó ante la Contraloría General de la República una rendición de cuentas con facturas adulteradas para justificar los desembolsos.
Asimismo, cuando el caso ya tomó estado público y se abrió la causa, volvieron a presentar una rendición de cuentas, donde reemplazaron las facturas adulteradas y crearon convenios, aparentemente, con el fin de cubrir las documentaciones adulteradas.
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