La Cámara de Senadores resolvió ayer que el 16 de mayo se analizarán en conjunto los proyectos que elevan la tasa a la exportación de granos como soja y el impuesto selectivo al consumo del tabaco; a las gaseosas azucaradas y las bebidas alcohólicas.
El tratamiento fue solicitado por la senadora Desirée Masi, quien lidera el Partido Democrático Progresista (PDP).
La parlamentaria pidió definir el estudio de los impuestos a la industria tabacalera y las bebidas cuya recaudación irá a programas de salud mientras que Hugo Richer, del Frente Guasu, solicitó la inclusión de la soja en la misma fecha.
Masi cuestionó que el Poder Ejecutivo primero solicitó aguardar el paquete de reformas impositivas dentro de 22 días, pero acusó al Mandatario y al Ministerio de Hacienda de haber ninguneado al Legislativo.
Agregó que tampoco se puede cumplir el pedido de llegar a un consenso entre las industrias afectadas y la Salud Pública porque todos afirman que los diálogos se encuentran en punto muerto ya que los intereses son “irreconciliables”.
El senador Enrique Riera (ANR, cartista) pidió esperar los 22 días solicitados por el Poder Ejecutivo o de lo contrario los proyectos planteados serían vetados.
Proyectos
Sobre el proyecto de impuesto al tabaco, la tasa actual es del 18% y se busca elevarlo al 30%, argumentando que se necesitan US$ 100 millones para cubrir el gasto público en salud que genera el cigarrillo,
En cuanto a las gaseosas se afirma que el impuesto vigente es de solo el 5% y la propuesta lo eleva a 10% aunque los organismos internacionales recomiendan un mínimo del 20%. Las bebidas alcohólicas tienen esquema proporcional según el tipo de producto.
Sobre la exportación de soja, la intención se viene repitiendo desde 2005 luego de quedar derogado el gravamen a la exportación con la vigencia de la Ley de Adecuación Fiscal. Ahora, el proyecto apunta a establecer una tasa del 15%.
De todo lo recaudado, el 50% irá a la “reforma agraria”; un 20% en apoyo a la agricultura familiar campesina; un 20% a la salud y víctimas de “Plaguicidas” y un 10% a obras de infraestructura rural. Esto se complica porque el presidente Mario Abdo Benítez (ANR) ya prometió que no habrá más impuesto a la soja. abc