Dionisio Borda y Manuel Caballero fueron los encargados de llevar a cabo un trabajo exhaustivo y detallado sobre el desempeño tributario de la República del Paraguay en el periodo 2006-2015.
En el mismo mencionan que la participación del IRP en la estructura del impuesto a la renta fue de sólo 3,2% en 2015. Para mejorar su rendimiento es necesario introducir algunas modificaciones que podrían consistir en: poner límites a la deducibilidad de los gastos, incluir la renta global y rebalancear la progresividad del impuesto.
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El Iragro aporta mayores ingresos que el Imagro, pero la contribución de la renta agropecuaria, de sólo 0,2% del PIB, sigue siendo muy baja. Esto debido al bajo aporte que realizan los sojeros según expresan varios tributaritas.
El impuesto inmobiliario aplicado a los predios rurales es exiguo y recaudó sólo US$ 10 millones en 2015. Una mayor presión tributaria de este impuesto obligará a replantear el esquema de tenencia y producción de la tierra, mejorando su distribución.
NIVEL DE FISCALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA
Borda y Caballero expresan en el material desarrollado que los que más ingresos tienen, deben pagar más, sin reclamar privilegios por este hecho. Erradicar o reducir la evasión tributaria no es solo responsabilidad de las instituciones encargadas. Es también responsabilidad de las personas físicas y de las empresas, habida cuenta de que hay sectores identificados donde la evasión tiene mayor incidencia.
La construcción del bienestar basado en la equidad exige que la recolección de tributos se realice en función de la capacidad de pago de los contribuyentes y que los recursos sean asignados para disminuir la desigualdad.
Destacan que existen dos dimensiones: la equidad horizontal y la equidad vertical. La primera supone un tratamiento impositivo igualitario entre individuos iguales, mientras que la segunda implica que algunos individuos están en mejores condiciones que otros para pagar impuestos y deben hacerlo.
Las personas que tienen mayor nivel de renta y que reciben más prestaciones de servicios públicos deberían contribuir más.
El principio de la equidad vertical es esencial y más aún, cuando la población con ingresos superiores es la que recibe en mayor proporción los beneficios de los bienes y servicios públicos.
El mayor desarrollo requiere de mejores instituciones y de mayor equidad impositiva.
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