El Senado aprobó este jueves la creación de juzgados especializados para atender las causas relacionadas a delitos económicos y crimen organizado, mientras que se ratificó en su versión inicial sobre las modificaciones a la ley de administración de bienes incautados y comisados.
Ambos proyectos forman parte del paquete de 10 leyes antilavado propuestos por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a pedido del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), para no ingresar a la lista gris de países lavadores de dinero.
Los senadores sancionaron el proyecto de ley que crea la competencia en delitos económicos y crimen organizado en la jurisdicción del fuero penal, el cual fue presentado por los senadores Blas Llano, Lilian Samaniego, Stephan Rasmussen, Martín Arévalo, Fernando Silva Facetti y el senador con permiso Rodolfo Friedmann.
El documento pasa ahora al Poder Ejecutivo, mientras que el proyecto de ley que modifica el artículo 46 de la Ley 5876/17 de Administración de Bienes Incautados y Comisados debe volver a la Cámara de Diputados, tras la ratificación de la versión inicial. El documento fue presentado por los mismos senadores mencionados más arriba.
La puja en dicho proyecto se encuentra en la distribución de los recursos incautados provenientes de la lucha contra el narcotráfico.
Por un lado, la versión de la Cámara de Senadores establece que el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, además de la Seprelad, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) y la Policía Nacional perciban un porcentaje no menor al 5% de la distribución que establezca el Poder Ejecutivo.
Esto, con el objetivo de cubrir los gastos de operación, mantenimiento y preservación de los bienes incautados y en comiso, además del fortalecimiento institucional.
En ese marco, se establece destinar el 50% de los recursos para financiar proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social, así como proyectos de prevención de lavado de activos, crimen organizado, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva y narcotráfico.
No obstante, la Cámara de Diputados había aprobado que el 20% de los recursos vaya al mantenimiento de los bienes, el 30% sea distribuido entre varias instituciones y que el 50% utilizado para la financiación de proyectos de rehabilitación de adictos y reinserción social.
Actualmente, la Senabico recibe el 25% de los recursos incautados y comisados para el mantenimiento de los mismos. UH
