Sacerdotes argentinos con casos de abuso y crímenes ocultos en Paraguay

Al menos cinco sacerdotes argentinos denunciados por abuso sexual y crímenes de lesa humanidad estuvieron escondidos en territorio paraguayo, amparados por la Iglesia local y con una llamativa actitud del Poder Judicial, mientras algunos de ellos eran buscados por la Justicia argentina.
Hasta hace poco, uno de los curas seguía ejerciendo y otro continúa normalmente a cargo de una comunidad formadora de los salesianos, como son los casos de Carlos Ibáñez y Raúl del Castillo, respectivamente.
Los sacerdotes Carlos Urrutigoity y Luis Eduardo Sierra ya no están en nuestro país. El primero fue sacado de la diócesis de Ciudad del Este en junio del 2015, retornando a su ciudad natal Mendoza, Argentina. Su caso le habría costado el cargo al entonces obispo Rogelio Livieres Plano, quien fue destituido por el papa Francisco; el segundo, si bien fue condenado por abusos cometidos en Claypole, Argentina, no pisó la cárcel, ya que fue beneficiado con arresto domiciliario con tobillera electrónica en su casa.
Aldo Vara
Aldo Vara
Según denuncias, estuvo en nuestro país, específicamente en Asunción, donde también habría dejado antecedentes de abusos a menores.
El caso de Aldo Vara es diferente, ya que fue imputado por crímenes de lesa humanidad y estuvo prófugo de la Justicia argentina hasta que fue detenido en Ciudad del Este, donde falleció en junio del 2014, mientras guardaba prisión domiciliaria a la espera de que concluyera el trámite de extradición.
Carlos Urrutigoity
Tras ser acusado de acoso sexual contra un compañero del seminario Nuestra Señora Corredentora, de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en la Reja, Buenos Aires, en 1989 se trasladó a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, en Winona, Estados Unidos, donde primero se le confirió las órdenes sagradas, pero en 1997 se
Carlos Ibáñez
Carlos Ibáñez
lo expulsó por “acosar sexualmente a un seminarista”.
Posteriormente, obtuvo sus votos religiosos en la diócesis de Scranton, Estados Unidos. En el 2002, fue denunciado por acostarse con jóvenes alumnos del internado St. Gregory’s Academy, proporcionarles alcohol y abusar sexualmente de un seminarista de 18 o 19 años de edad, quien recién había egresado del establecimiento.
Luego Urrutigoity y su grupo se trasladaron a la diócesis de Ciudad del Este, Paraguay, donde en el 2014 llegó a ocupar el cargo de Vicario General, segundo al mando, de la mano del entonces obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano.
Además, era superior de la congregación San Juan, que funciona en la parroquia Espíritu Santo de esta ciudad, donde tenía a su cargo a varios seminaristas.
Raúl del Castillo
Raúl del Castillo
En junio del 2015, Urrutigoity fue sacado de esta comunidad, retornando a su ciudad natal Mendoza, Argentina.
Aldo Vara
Fue acusado de haber participado en crímenes de lesa humanidad cuando era capellán del Quinto Cuerpo de Ejército en la última dictadura argentina. Fue imputado, pero estuvo prófugo de la Justicia, hasta que fue detenido en Ciudad del Este, donde guardaba prisión domiciliaria a la espera de que concluyera el trámite de extradición, hasta que falleció en junio del 2014.
Se lo acusó de privaciones ilegales de libertad, torturas, homicidios y desaparición forzada de personas, en perjuicio de más de 100 víctimas. “Uno de los casos por los que estaba acusado es el secuestro de un grupo de estudiantes secundarios en diciembre de 1976. Los sobrevivientes contaron que Vara los ‘visitaba’ durante su cautiverio y que cuando ellos le relataban los tormentos a los que eran sometidos, él se quedaba en silencio”, según un artículo de pagina12.com.ar titulado “La muerte de Aldo Vara”.
Carlos Ibáñez
Desde 1992, Paraguay cobijó al sacerdote argentino Carlos Ibáñez, investigado por denuncias de abuso sexual de al menos 10 jóvenes en Bell Ville, provincia de Córdoba, Argentina, a principios de los ’90. Estando suspendido por el obispado cordobés, Ibáñez igual ejerció sus funciones como sacerdote, oficiando misas, trabajando con jóvenes y paseándose por varias comunidades religiosas en nuestro país, hasta hace apenas unas semanas. Incluso, participó de la histórica celebración que ofició el papa Francisco el pasado 12 de julio del 2015 en Ñu Guasu, durante la visita que hizo a nuestro país, ocupando el lugar que fue reservado para los sacerdotes. Además de Ibáñez, en el privilegiado lugar también estuvo Ricardo Antar, su abogado y amigo íntimo.
Con la carta eclesial como respaldo, Ibáñez se metió de lleno al mundo académico, donde logró un status importante, pero que escondió otra trama: gran parte de los títulos que presenta son falsos.
Raúl del Castillo
En el 2007 llegó a Paraguay. Estuvo al frente del programa de “Don Bosco Róga” durante seis años y actualmente trabaja como miembro de la comunidad formadora de los salesianos. La llegada de del Castillo se dio de la mano de otro cura mendocino, de nombre Walter Jara, quien llegó para ser inspector salesiano en nuestro país esa misma época. En el 2008 saltó la denuncia en su contra ante la sede canónica y posteriormente ante la fiscalía de Mendoza, Argentina, por parte de un joven que aseguró haber sido abusado por el sacerdote cuando tenía 14 años y era director del colegio salesiano Don Bosco, de Mendoza, Argentina. Desde la Iglesia, aseguraron que si bien se enteraron por noticias de la denuncia, nunca tuvieron un informe o pedido oficial contra el sacerdote. El propio padre del Castillo dijo a La Nación que “es inocente de cualquier tipo de denuncias” y que iba a averiguar sobre la situación con la congregación de Mendoza, para después dar su descargo, teniendo ya una versión oficial sobre la denuncia en su contra.
Luis Eduardo Sierra
En noviembre del 2004, el sacerdote Luis Eduardo Sierra fue condenado por “abuso sexual agravado por la condición de ministro de culto del autor” reiterado por los hechos ocurridos en el 2000 y el 2001 con tres monaguillos, de entre 12 y 14 años, que asistían como alumnos al colegio religioso Ave María de la Obra Don Orione, de la localidad bonaerense de Claypole, Argentina, donde el imputado oficiaba de párroco, representante legal y daba clases de catequesis. En un artículo del portal pagina12.com.ar, titulado “Ocho años de prisión para un cura por abusar de tres monaguillos”, se puede leer el comentario de Josefa, la madre de una de las víctimas, quien reveló que “el cura (Sierra) terminó trabajando en Claypole porque lo habían sacado de una escuela de Asunción, en Paraguay, donde también dejó antecedentes de abusos infantiles”.
MAPA NACIONAL DE SUPUESTOS CURAS PEDERASTAS
CONCEPCIÓN
Teobaldo Velázquez (Concepción): Fue denunciado por acoso sexual a un niño de 12 años. De acuerdo a la sentencia del tribunal que tuvo a su cargo el juicio oral y público al sacerdote salesiano, no existieron detalles relevantes que conduzcan a sostener la existencia del hecho punible del mencionado delito. También argumentó que el Ministerio Público no presentó pruebas que ameriten la condena del acusado.
AMAMBAY
Cecilio Ferreira (Pedro Juan Caballero): Fue imputado por la supuesta violación de una menor de 15 años en la parroquia San Gerardo, en dos oportunidades en el 2013. Finalmente, en noviembre del 2014, la justicia sobreseyó definitivamente al sacerdote.
Herminio Abel Casco (Pedro Juan Caballero): Fue denunciado por coacción sexual ante la Fiscalía por el padre de una menor de 14 años. El sacerdote de la parroquia Virgen de Fátima de Barrio Obrero fue imputado por coacción y estupro, pero el caso está parado en tribunales. El religioso guarda reclusión domiciliaria en la casa de los salesianos en Ypacaraí.
CANINDEYÚ
Juan Manuel Martínez (Salto del Guairá): En el 2005 fue denunciado por acoso sexual a varios jóvenes de la parroquia San Lucas, de Ciudad del Este, y, supuestamente, había aceptado la acusación. Fue destinado a la parroquia San Miguel Arcángel, de Salto del Guairá, en marzo del 2006, bajo la supervisión del párroco Isidoro Cabral.
Isidoro Cabral (Salto del Guairá): Fue denunciado por el sacerdote Juan Manuel Martínez como “un hombre de larga trayectoria de abuso y acoso sexual”, cuyo problema nunca se enfrentó porque las víctimas “no dieron a conocer los casos concretos”.
ALTO PARANÁ
Juan Andrés López Sosa (Ciudad del Este): El sacerdote abusó de un monaguillo de su parroquia San Antonio de Padua. Purga condena de ocho años en el penal regional de Alto Paraná. Fue la primera condena sobre un religioso católico en la historia judicial paraguaya.
Mario Sotelo (Juan León Mallorquín): La Diócesis de Ciudad del Este desestimó la denuncia presentada contra el sacerdote Mario Sotelo, de Juan León Mallorquín, por presunto abuso sexual, tras la conformación de un tribunal que investigó el caso. Este también fue presentado ante la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia, ya que el hecho habría ocurrido cuando el joven tenía 16 años, en el año 2008.
ITAPÚA
Jorge Livieres Banks (Encarnación): En el 2002, un grupo de jóvenes de Encarnación denunció al entonces obispo de la diócesis por abuso sexual, cuando estos aún eran menores. La denuncia fue rechazada por la Fiscalía y el obispo entabló una demanda por difamación y calumnia contra los denunciantes. La CEP emitió un comunicado ambiguo sobre el caso, dando por cerrado el tema. En julio del 2003, el Vaticano le comunicó la aceptación de su renuncia y dejó el obispado encarnaceno.
GUAIRÁ
Gustavo Ovelar y Francisco Bareiro (Paso Yobái): La denuncia presentada en sede del Ministerio Público en marzo del 2014 refiere a supuestos abusos sexuales a los que fueron sometidos jóvenes de entre 16 y 21 años de edad, entre el 2011 y el 2013, en esta localidad, por parte de los sacerdotes de la congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada Paraguay. Ambos se encuentran refugiados en la Casa de los Oblatos.
CENTRAL
Estanislao Arévalos Pedrozo (Asunción): Enfrentará juicio oral por la presunta violación de dos niños de 13 años en una oficina de la parroquia Divino Espíritu del barrio San Vicente de Asunción en los últimos meses del 2013.
Gumercindo Caputo Segovia (Villa Elisa): El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, denunció al sacerdote Gumercindo Caputo Segovia por presunto abuso sexual de dos menores en Villa Elisa, donde el religioso estuvo como párroco. Se trata de la primera denuncia ante la justicia que hace un obispo en Paraguay.
Un decálogo para el encubrimiento de los abusos
El periodista español, Pepe Rodríguez, realizó una radiografía del comportamiento sexual del clero católico en el año 2002, presentando con ironía lo que llama “el decálogo básico” adoptado por la jerarquía de la Iglesia Católica para encubrir al clero que comete este tipo de delitos.
1- Discreta averiguación de lo ocurrido. Los prelados diocesanos suelen tener informantes eclesiásticos, personas que con sus informes desean ganar la estima de la jerarquía. Con eso, los obispos se mantienen informados de las transgresiones de los sacerdotes bajo su responsabilidad. Los informes son hechos oralmente.
2- Inicio de actos disuasorios con el agresor y la o las víctimas. Una vez que el prelado reconoce una situación de abuso sexual donde la imagen de la Iglesia puede llegar a ser perjudicada, el agresor es amonestado particularmente. Luego, los obispos se dedican a convencer a las víctimas y a sus familiares, asegurándoles que el agresor fue castigado y que se ha arrepentido, persuadiéndolas de no realizar ningún tipo de denuncias, para no perjudicar a la Iglesia ni a ellos mismos.
3- Encubrimiento de los hechos y del agresor para que no se hagan públicos. Para esto, se realizan actos que llevan a la confusión del caso, tales como soborno de las víctimas y de sus familiares, amenazas y suspensión de beneficios (por ejemplo: expulsión del colegio) y la transferencia del sacerdote agresor a otra parroquia.
4- Medidas para reforzar el ocultamiento. Cuando el caso gana proporciones extra eclesiásticas, la jerarquía adopta un expediente canónico contra el agresor, para así defenderse de eventuales acusaciones de pasividad, en el caso de que se ejerzan presiones sociales o de los medios, o de que se inicie un proceso judicial civil. Generalmente, el expediente canónico permanece paralizado por tiempo indefinido. En esta etapa es habitual el traslado del sacerdote a otra parroquia, a otra diócesis, o a otro país, dependiendo de la situación.
5- Negación de lo ocurrido, cuando se torna público, bajo el argumento de que el sacerdote, llamado por Dios, hombre de virtud, figura sacra, no cometerá delitos de ese tipo.
Cuando ya no es posible negar el hecho, éste es tratado como una excepción.
6- Defensa pública del agresor, resaltando sus buenos servicios prestados a la Iglesia y sus méritos personales. Si hizo algo malo, está profundamente arrepentido y no era consciente de sus actos. Se apela al sentimiento cristiano del perdón a un pecador arrepentido.
7- Descalificación pública de las víctimas y de sus condiciones. Rodríguez usa la metáfora de las hormigas que defienden el hormiguero para describir la actitud corporativista del clero frente a la acusación de uno de sus miembros. Llegan a invertir la culpa, adjudicándosela a las víctimas y/o a sus familiares.
8- Atribución paranoica de la denuncia a campañas orquestadas por enemigos de la Iglesia. Cuando la cantidad de denuncias hechas es de tal magnitud que la simple depreciación de las víctimas no surte efecto, la jerarquía apela a la acusación de poderes o cultos nacionales e internacionales que conspiran en contra de la Iglesia.
9- Posibilidad de negociación con la víctima. Frecuentemente esa negociación ocurre antes de que el caso se haga público, toda vez que la intención de la Iglesia, al indemnizar la víctima, es sobre todo silenciarla para no perjudicar la imagen de la institución. Cuando el escándalo ya se hizo público, cabe a la jerarquía minimizar el impacto, tratando de negociar con la víctima, para que retire las denuncia contra el agresor.
10- Protección del sacerdote agresor. Cuando se comprueba la culpabilidad del agresor, la jerarquía se mantiene de su lado y, en algunos casos, incluso le rinde homenaje o lo elogia, haciendo todo lo posible para que el hecho de la agresión caiga en el olvido.