La ONU capacitará al personal público involucrado en la lucha contra el tráfico de armas en Paraguay, en el marco de un protocolo de cooperación firmado hoy por el ministro de Exteriores, Luis Castiglioni, y la Oficina de Desarme de las Naciones Unidas
Paraguay firma con la ONU protocolo para luchar contra tráfico de armas
Mediante el acuerdo suscrito, la ONU otorga a Paraguay los medios técnicos necesarios para llevar a cabo dicha capacitación, mientras que el Ejecutivo paraguayo será quien provea de fondos la iniciativa que “va a fortalecer las capacidades” del país en el combate contra “este flagelo”, afirmó Castiglioni.
Añadió que el acuerdo contribuirá “a la lucha contra el crimen trasnacional y todos sus delitos conexos”, una prioridad, dijo para el Gobierno.
La representante interina de la ONU en Paraguay, Regina Castillo, destacó “la importancia” de que un país cuente con personal cualificado que se enfrente al desafío del tráfico ilegal de armas, “cuyas redes cada día son más sofisticadas y operan a través de fronteras porosas”.
Castillo insistió en la importancia de la cooperación entre las distintas entidades involucradas en el control del comercio de armas y aseguró que el acuerdo ayudará a “incrementar la seguridad de las personas, un pilar fundamental para el desarrollo de los derechos humanos”.
Felicitó, además, al Ejecutivo “por comprometer fondos financieros y humanos” en esa lucha, lo que a su entender “demuestra que hay voluntad política” para prevenir el comercio ilícito de armas en Paraguay.
El protocolo firmado desarrolla el Tratado de Comercio de Armas suscrito en 2014 por 130 países, entre ellos Paraguay, que tiene como propósito mejorar la regulación del comercio internacional de armas convencionales (desde una pistola hasta un buque de guerra) y combatir su tráfico ilícito.
El Tratado establece normas estrictas en el comercio de armamento convencional, tanto a nivel nacional como internacional.
En Paraguay el mercado negro de armas mueve entre 100.000 y 700.000 objetos armamentísticos al año, frente a las 400.000 armas registradas de manera legal para el uso civil, según datos del Centro de Estudios Judiciales correspondientes a 2016.
