Panamá lamentó “ataque” a su plataforma financiera
El Gobierno de Panamá se pronunció con respecto a la investigación global denominada Panamá Papers. Se refirió a la filtración de daros como un “ataque” a su plataforma de servicios financieros.
A su vez, el comunicado lamenta a descalificación por parte de organizaciones internacionales y países, que “ante la coyuntura han desconocido actuales convenios de intercambio de información fiscal, así como la implementación de normas en materia de transparencia y cooperación tributaria”.
La República de Panamá recordó por otra parte que cuenta con uno de los centros de servicios financieros “más importantes del mundo. Agregan que han logrado cumplir “con los estándares más altos de transparencia, aprobando instrumentos legales mucho más estrictos y rigurosos que muchos otros centros de servicios a nivel internacional”.
En otro segmento del comunicado, autoridades panameñas hacen un llamado a organizaciones, países y medios de comunicación a “profundizar en el contenido de las publicaciones, antes de difundir perjuicios”, sobre el país.
El gobierno refiere también que Panamá “es un país serio, un importante actor en el mundo globalizado y no es aceptable que se desprestigie el trabajo de todo un país que beneficia a la comunidad internacional”, criticaron.
Señalan además acciones que han realizado con el objetivo de limitar el uso de acciones al portador de las sociedades panameñas.
Según refieren además, que en enero de 2016 entraron en vigencia nuevas normas que limitan el uso de estas acciones.
“Con esas nuevas normas, las sociedades que hayan emitido acciones al portador deberán entregarlas en custodia a agentes autorizados y regulados por entes financieros”, informan.
Añaden que, en cumplimiento con los compromisos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se aprobó la Ley 23 de 2015, con la cual se adoptaron medidas para fortalecer el sistema financiero panameño contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Todo esto en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Blanqueo de Capitales con el propósito de sacar al país de la lista gris del GAFI.
Como parte de la implementación de la supervisión y combate a las actividades ilícitas, señalan que se han aprobado 7 nuevas leyes que incluyen nuevos delitos, así como la regulación de los sectores financieros no tradicionales como firmas de abogados y negocios inmobiliarios. Esto con el fin de incrementar la transparencia y combatir el uso inadecuado del centro financiero de Panamá.