La Corte Suprema de Justicia dio lugar a una acción presentada por la Fiscalía, con lo que queda sin efecto el emplazamiento que había hecho un Tribunal de Apelaciones para la presentación de pruebas en el Caso Berilo, en el cual están acusados Reinaldo “Cucho” Cabaña y el diputado Ulises Quintana, entre otros. El Fiscal Adjunto Antidrogas, Marco Alcaráz celebró la decisión e insisten que Tribunal se extralimitó.
POR ABC COLOR
La Corte Suprema de Justicia dio lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía, para suspender el emplazamiento que había hecho un Tribunal de Apelaciones, que obligaba al Ministerio Público a presentar en un plazo de 10 días las pruebas del caso, y de no hacerlo, se podría anular la causa.
La Fiscalía había apelado la decisión del Tribunal de Apelaciones, ya que insisten en que es errónea su apreciación de que ya feneció el plazo para presentar las pruebas. La Fiscalía no se opone a arribar los elementos probatorios colectados, sino que está en contra de los argumentos del Tribunal, que los acusa de incumplir los plazos.
“El Poder Judicial se excedió, y no pueden ellos evaluar los elementos de la acusación, nosotros queremos que los elementos de la acusación pasen la preliminar y lleguen a un Tribunal de juicio oral, esa es la pretensión del Ministerio Público”, indicó Alcaráz.
Por su parte, indicó que la Defensa y el Tribunal de Apalaciones sostienen una tesis que pretende anular todo el proceso y evitar así el juicio oral y público del caso. “Para nosotros este es un caso cerrado. Se acusó, se investigó y tenemos los elementos de pruebas, y queremos que se pueda probar la hipótesis del caso de una eventual sanción a todas las personas afectadas; y esto lo digo sin afectar de modo alguno la presunción de inocencia, nosotros creemos que tenemos todos los elementos de convicción para obtener una sentencia”, remarcó el Fiscal Adjunto Antidrogas.
Destacó lo llamativo de la resolución del Tribunal de Apelaciones, ya que tomó una decisión pisoteando lo que había dispuesto el Juzgado de la causa, que se encontraba recepcionando las pruebas en un plazo que ellos mismos habían establecido.
“El juzgado le fijó al fiscal actuante una tiempo dentro del cual tenía que presentar y fijó un horario que es de 7:00 a 13:00 y una cantidad de tomos por días, porque hay más de 90 tomos. Entonces, la recepción material (de las pruebas) por parte del juzgado, del actuario debio hacerse en esos tiempos (…). No es que no se entregó, se estaba entregando, solo que se dieron recusaciones a la fiscala actuante, recusaciones al juez actuante, entonces eso lo que retrasó al entrega de manera natural y el Tribunal de Apelaciones mal entendió e hizo disparar una plazo que todavía no se dio”, detalló.
El mismo dijo querer trasmitir tranquilidad a la ciudadanía que sigue este caso -que es sumamente mediático- y ratificó que incluso si la Corte da la razón al Tribunal de Apelaciones y ratifica que se deben presentar las pruebas en los diez días establecidos y a través de la Fiscalía General del Estado, ellos lo harán.
