Agencia IP.- El nuevo Corredor de la Exportación que une Natalio y Los Cedrales, entre los departamentos de Itapúa y Alto Paraná, completó 104,3 kilómetros de trazado con carpeta asfáltica concluida, alcanzando un avance del 73% de una de las mayores obras viales en la Región Oriental.
En los tres frentes de trabajo y con gran cantidad de personal, se está cumpliendo con el cronograma establecido de esta obra que beneficiará a una zona de alta producción agrícola.
Desde la Unidad Ejecutora del Proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informaron que, de 143,2 km de extensión total que tiene la nueva carretera, 104,3 km ya cuentan con la carpeta asfáltica extendida.
Se prevé la conclusión de dichos trabajos en este 2021, si no se presentan inconvenientes que influyan en el cronograma de obras; mientras que los detalles finales, como la señalización, accesos laterales y otros, podrían estar listos durante los primeros meses del 2022.
El Corredor de la Exportación es una de las obras públicas más grandes que se ejecutan en la zona sureste de la Región Oriental, abarcando los departamentos de Itapúa y Alto Paraná.
Su puesta en servicio tendrá un gran impacto en la economía permitiendo agilizar el traslado de la producción de granos a los principales puertos graneleros ubicados sobre el río Paraná.
La pavimentación asfáltica de este tramo forma parte de la Ruta Nacional PY07 y su construcción se divide en 3 lotes o frentes de trabajo:
El Tramo 1, que va desde Natalio hasta la Colonia 7 de Agosto, a través de 50 kilómetros de extensión, está cargo de la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. y tiene una inversión de G. 303.883 millones.
El tramo 2 que va desde la Colonia 7 de Agosto hasta el río Ñacunday, tiene 46,5 kilómetros y lo construye Ecomipa S.A. con un monto del contrato de G. 397.920 millones.
El tramo 3, entre el río Ñacunday y el distrito de Los Cedrales, suma 46,7 kilómetros más de extensión, siendo la empresa encargada Ilsung Construction Co. Ltda. la encargada con un contrato por G. 382.546 millones.
Su fuente de financiación proviene de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y la fiscalización la realiza el Consorcio Central Yachiyo.
