Por Osmar Gómez
El brutal asesinato de un niño y su padre en plena Asunción a mitad de semana trajo de nuevo a primer plano el avance del narcotráfico en el país. Es un tema que aparece cada tanto cuando alguna muerte violenta ocupa los titulares en los medios pero no va mucho más allá. En la práctica hay un silencio cómplice.
OPINIÓN
El octubre de 2014, cuando matones del narcotráfico ajusticiaron a Pablo Medina, corresponsal de este diario, el Gobierno convocó a una reunión de urgencia a los tres poderes del Estado. Pomposamente se anunció que se tomarían medidas para poner freno al crecimiento de las bandas criminales. Prometieron leyes especiales, celeridad en los procesos, juzgados especializados y una acción más contundente de las fuerzas de seguridad. Pasaron semanas, meses y años, pero se logró poco. Apenas se aprobaron leyes que son un remedo de lo acordado, la justicia sigue tan lenta como siempre y las fuerzas de seguridad están casi en la misma inmovilidad. Lo que creció fue el número de muertos.
La mejor respuesta que pudo dar el Ministerio del Interior sobre las últimas muertes es que las fuerzas de seguridad están sobrepasadas. Del brutal crimen se informa poco. Se limitan a señalar que es un ajuste de cuentas entre narcos para cubrir todo intento de ir más allá de eso.
Pedro Alliana, el presidente del partido de Gobierno, dio un triste espectáculo tratando de reducir todo a una cuestión de números. Después de una reunión en la residencia presidencial salió ante los medios a sostener que durante la presidencia de Fernando Lugo y Federico Franco se registraron más muertos que en esta administración. Novecientos muertes por encargo contra las seiscientas que se cuentan hasta ahora.
La oposición y la disidencia colorada no fueron mejores. Lo pusieron todo en la matriz del proselitismo electoral buscando votos para las elecciones de este y el próximo año. Algunos, como el diputado Amarilla del PLRA, fueron más desvergonzados utilizando fotografías del vehículo acribillado. para pedir votos. La cuestión de fondo ni siquiera figuró en las posiciones políticas.
Quedó para las conversaciones de pasillo la alerta de seguridad que desde hace casi cinco meses se activó en el gobierno y que obligaron a reforzar la seguridad presidencial, a activar grupos de reacción inmediata y tener helicópteros sobrevolando casi de manera permanente ciertas áreas de la ciudad.
Todos prefieren olvidar que Jarvis Chimenes está cumpliendo las últimas semanas de su condena en el país y que después se abre la posibilidad de su extradición al Brasil. Chimenes es identificado por fuerzas de seguridad de la región como uno de los más peligrosos delincuentes asociados con las drogas. Es un secreto a voces que está buscando por todos los medios evitar ser extraditado. Su abogada está haciendo hasta lo imposible para encontrar un resquicio legal que lo mantenga en el país.
Jarvis es un hombre que tiene nexos en todas las esferas del poder. No es casualidad que su abogada hace algunas semanas estuviera en prisión casi dos horas antes de una supuesta requisa sorpresa.
El narcotráfico tuvo un avance vertiginoso en los últimos años en el Paraguay. Ya no solo financia las campañas políticas, ahora tiene a sus propios políticos, jueces y policías que brindan ese manto de impunidad que precisan.
La clase política en su conjunto hasta ahora prefiere esconder el problema y utilizar la situación para sumar alguno que otro voto. Mientras el poder del narcotráfico atraviesa a todas las instituciones del Estado.
Existen claras alarmas de cara al proceso electoral que está viviendo el país. Algunos sectores creen que eso les dará la posibilidad de ganar las elecciones.
