En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este jueves 25 de noviembre, y los 16 días de activismo, la campaña Invisibles a plena luz refuerza su mensaje sobre las graves consecuencias que acarrean las uniones tempranas y forzadas en Paraguay. Esta realidad afecta a niñas y adolescentes, y es considerada una forma de violencia hacia las mujeres y una violación de sus derechos humanos porque compromete su futuro y oportunidades.
La unión temprana y forzada es aquella en la cual una de las partes es menor de 18 años. En el país afecta a niñas y adolescentes: más de 16 000 de ellas conviven con un hombre adulto, según reveló el reciente estudio Invisibles a plena luz. Uniones tempranas y forzadas en Paraguay, impulsado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y Plan International, con apoyo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
El estudio confirmó que existe una estrecha relación entre las uniones tempranas y el embarazo, la pobreza y el abandono escolar, factores que condicionan el desarrollo de la vida de miles de niñas y adolescentes paraguayas. Pese a ello, estas uniones son una práctica naturalizada que se da independientemente de las disposiciones legales. En este contexto, la campaña Invisibles a plena luz busca poner en la agenda pública esta problemática.
Por ley, la edad para contraer matrimonio en Paraguay es 18 años. No obstante, permanece sin modificación la excepción que habilita a personas a partir de los 16 años cumplidos a contraer nupcias con el consentimiento de madres, padres, tutores o, incluso —en caso de incapacidad o pérdida de la patria potestad de los mismos— de un juez.
Otra normativa que protege a las niñas y adolescentes es la Ley 6002/17, que modifica el artículo 135 del Código Penal Paraguayo (Ley 1160/97). Establece que los hombres “que refieren ser parejas” y se encuentran unidos a niñas de menos de 14 años se exponen a ser imputados por abuso sexual, con una pena privativa de libertad de 15 a 20 años.
VIOLACIÓN DE DERECHOS
Que niñas y adolescentes tengan uniones de hecho con adultos es visto como algo normal por amplios sectores de nuestra sociedad, incluso por las mismas familias y las niñas y adolescentes que aceptan la unión. Sin embargo, esta práctica se considera una práctica nociva y una violación de los derechos humanos y los derechos de las niñas porque las afecta fundamentalmente en su:
– Salud: se exponen a embarazos no deseados y prematuros que arriesgan su vida y del bebé, pues a esta edad el riesgo de sufrir complicaciones durante el parto es mayor.
– Educación: abandonan sus estudios para dedicarse al cuidado del hogar y de sus hijos.
– Protección: sus relaciones sociales y sexoafectivas son asimétricas, y se exponen a mayor violencia física, sexual y económica. De ahí que en ningún caso, una unión temprana o forzada puede considerarse una relación de pareja. Además, no tienen la madurez suficiente para asumir los roles de esposa y madre.
Las uniones tempranas también son consideradas una forma de violencia contra las niñas y adolescentes. Provocan un corte abrupto de la infancia y la adolescencia, y fuerzan el ingreso a una vida adulta en condiciones absolutamente precarias: sin educación, sin protección, sin oportunidades, sin futuro.
Las niñas y adolescentes en uniones tempranas provienen en su mayoría de familias que se encuentran en condiciones de pobreza o extrema pobreza, tienen baja escolaridad y pertenecen a comunidades indígenas y rurales. En muchos casos son forzadas a aceptar una unión con la esperanza de salir de la pobreza, pero ocurre lo contrario: sufren abuso sexual y maltratos, terminan con embarazos forzados, dejan la escuela, se alejan de sus amigas y su familia. Al abandonar los estudios, las oportunidades de un empleo formal son escasas, por lo que la pobreza y las desigualdades se acentúan.
¿CÓMO ENFRENTAR EL PROBLEMA
La campaña Invisibles a plena luz, cuyos mensajes se difunden a través de las redes sociales del UNFPA Paraguay y de Plan International Paraguay, pone énfasis en la necesidad de erradicar las uniones tempranas y forzadas aunando esfuerzos con el Estado y la ciudadanía.
Algunas recomendaciones para enfrentar este problema desde el Estado son: aumentar y mejorar la calidad de la inversión social para reducir la pobreza, ya que en Paraguay se invierte aproximadamente 2.000 guaraníes por día por adolescente -15 a 17 años- (según estimaciones al 2019 a partir del Informe del UNFPA sobre el Gasto Público Social en adolescencia y juventud).
Otra de las recomendaciones es establecer políticas públicas que eviten la deserción escolar y promuevan la reinserción educativa, ya que el 80 % de las niñas y adolescentes en unión se encuentra fuera del sistema educativo formal.
Asimismo, se recomienda fortalecer el sistema de protección de niñas y adolescentes; incidir en el sistema jurídico para que los casos de abuso sexual sean correctamente tipificados como hechos punibles; identificar nudos críticos en la aplicación de normativas de protección y brindar servicios de salud adecuados para niñas y adolescentes.
La ciudadanía, por su parte, puede contribuir con las siguientes acciones: empoderar a las niñas, informarles sobre sus derechos y fomentar su educación formal; brindar educación sexual a niñas, niños y adolescentes; comprender que las uniones entre un adulto y una niña son un hecho penado por ley y ante el conocimiento de esta práctica nociva, denunciar la violación de sus derechos.
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