La fiscal de marcas Liz Carolina Alfonso fue suspendida en forma preventiva en sus funciones por el comienzo del enjuiciamiento iniciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por una denuncia de mal desempeño en sus funciones.
La fiscal tardó dos años para imputar a un hombre involucrado en un supuesto hecho de comercialización de medicamentos no autorizados y no hizo nada para evitar el robo de las evidencias en el depósito del Ministerio Público, según la denuncia presentada por representantes de la firma Xtreme SRL Import Export.
La causa se inició en abril del año 2014, con el allanamiento de un depósito donde se encontraron 641 cajas de suplementos vitamínicos de dudosa procedencia. La fiscal ordenó la incautación de los productos y su traslado al depósito del Ministerio Público.
De este lugar fue sustraído el 50 por ciento del cargamento, porque la Fiscalía no tomó recaudos para evitarlo, pese al ofrecimiento de un contenedor para guardar las mercaderías, según los denunciantes. El quebrantamiento del depósito está siendo investigado por la fiscal Clayde Acosta.
Inmediatamente después de la incautación del cargamento de mercaderías, evaluadas en 200.000 dólares americanos, la fiscal solicitó informes a la Dirección General de Vigilancia Sanitaria en la que requería si los productos son considerados especialidades farmacéuticas y si contaban con certificado sanitario. La entidad respondió al requerimiento fiscal el 15 de abril del mismo año, donde le informan que son especialidades farmacéuticas y que no contaban con registro sanitario.
Desde entonces, los abogados de la firma Xtreme SRL Import Export solicitaron en 3 ocasiones la imputación fiscal contra Lezcano Báez, encargado de las mercaderías, pero la agente fiscal recién presentó imputación 2 años después, según los antecedentes del caso, que derivó en el enjuiciamiento de la agente fiscal.
Por otro lado, los denunciantes señalaron que, pese a reiterados pedidos de resguardo de las mercaderías incautadas, se constató que el 50 por ciento de los productos fueron hurtados del depósito del Ministerio Público. Incluso, ofrecieron un contenedor para lacrar los productos en sede de la Fiscalía, señalan en su denuncia ante el JEM.
ABC
