Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Ministerio de la Defensa Pública amenazan con una huelga de un mes a partir del próximo lunes, en reclamo del pago de reajuste salarial del 20% y el cobro de varias bonificaciones.
Esta mañana, los líderes sindicales del Poder Judicial, Fiscalía y Defensoría definieron la fecha de inicio a la huelga general de 30 días que, por primera vez, se plantea hacer en forma conjunta, según lo vienen anunciando desde hace varios días.
“Resolvimos ante la negativa del Congreso Nacional de otorgar un reajuste salarial después de siete años para estas tres instituciones (…) Vamos a iniciar primero movilización a partir del día miércoles 6 (de noviembre). El jueves y viernes y lunes 11, ya una huelga general por 30 días, hasta el 11 de diciembre”, indicó la secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), Porfiria Melgarejo de Ocholasky.
Explicó que actualmente el Poder Judicial tiene un total de 10.800 funcionarios en todo el país, de los cuales unos 1.500 se ocuparían de cubrir la prestación de servicios básicos durante la huelga. Igualmente, a partir del miércoles, las movilizaciones contemplan un paro escalonado que también afectará la atención al público. En los días previos a la huelga se intentará una mesa tripartita para llegar a un acuerdo y levantar la medida de fuerza.
“El miércoles, de 7:00 a 9:00 de la mañana; jueves va a ser de 7:00 a 10:00 de la mañana; viernes de 7:00 a 11:00 y el lunes, huelga general. Eso va ser solamente a modo de una movilización, mientras que se presenten todas las documentaciones, porque hay que presentar la documentación al Ministerio, al Juzgado en lo Laboral de turno y cada uno sus instituciones, y se cumple los 72 horas y allí ya se puede efectivizar la huelga. Ya va a ser una huelga general”.
Actualmente, los pagos de bonificaciones y horas extra han sido recortados por la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de un plan de racionalización. Pese a los distintos pedidos de reconsideración, los ministros se han mantenido invariables en esta decisión. Melgarejo de Ocholasky sostiene que las pretensiones planteadas están contempladas dentro del tope del 3% que le corresponde al Poder Judicial, en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
“En esas 72 horas de comunicaciones nosotros vamos a esperar que nos convoquen para poder dialogar, pero ya de antemano le decimos al Ministerio (del Trabajo) que nosotros no vamos a aceptar si no están los integrantes de la Bicameral de Presupuesto, porque de nada sirve hacer una tripartita si es que no están realmente los integrantes que definen y deciden lo que es el aumento salarial”.
Cada año, cerca de diciembre, los sindicatos del Poder Judicial suelen anunciar medidas de fuerza de este tipo, pero casi nunca se llega a concretar la huelga general, ya que generalmente antes de que se inicie se llega a un acuerdo y se termina por levantar.
