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Polémico despliegue militar en Río de Janeiro para atajar la ola de violencia
La decisión del Gobierno brasileño de decretar una intervención militar para asegurar la seguridad pública de Río de Janeiro ha desencadenado una discusión sobre los caminos que deben tomarse para resolver el incremento de la violencia en la ciudad, que se ha agravado notablemente tras el fin de los eventos deportivos internacionales que hace unos años prometían mejorar la calidad de vida de uno de los lugares más importantes y visitados de Brasil.
Las imágenes de violencia registradas durante el carnaval la semana pasada, cuando grupos de jóvenes asaltaron a turistas en la famosa playa de Ipanema frente a un hotel de lujo en que se hospedan celebridades como Madonna, habrían sido la gota que ha colmado el vaso para que el presidente Michel Temer se decidira a poner en marcha un plan que ya fue rechazado otras veces por el gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.
Crisis económica y guerra contra el narco
Según el portal de noticias G1, del grupo Globo, militares del Ministerio de Defensa informaron de que la decisión de Temer ya estaba tomada y que el plan sería ejecutado en cualquier momento.
La lista de problemas que llevaron a la intervención es extensa, de acuerdo con expertos y militares: el fracaso de las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs), la calamidad financiera del país y del estado de Río, prácticamente quebrado, y el crecimiento de la guerra entre milicias y el narcotráfico.
Los problemas parecen haber empeorado con la crisis financiera y política del país, y el encarcelamiento de los principales líderes de la ciudad. Entre ellos se incluye el exgobernador de Río Sérgio Cabral, una de las caras identificadas con la conquista del Mundial de Fútbol y de las Olimpiadas de 2016 y, al mismo tiempo, uno de los principales involucrados en la gigantesca trama de corrupción de la Operación Lavacoches, que ha golpeado a importantes empresarios y políticos de todos los partidos.
El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), el general Sérgio Etchgoyen, presentaron el plan al gobernador Pezão en el Palacio de Planalto, ante al presidente Michel Temer, y nombraron como interventor al general Walter Braga Netto.
De acuerdo con militares entrevistados por G1, Temer estaba irritado con el fracaso «de las numerosas operaciones hechas en conjunto desde julio pasado con las fuerzas de seguridad de Río, que tuvieron costes millonarios. La acción provocó una crisis entre el gobernador de Río y su secretario de seguridad, Roberto Sá, que se vio sorprendido por la decisión.
En varias reuniones con el gobierno federal, Roberto Sá había pedido más fondos y equipos para combatir la violencia, pero no fue atendido. Ahora, el general Walter Braga Netto tiene a su disposición un gran efectivo que incluye militares del Batallón de Fuerzas Especiales, de Goiânia, grupo de élite del Ejército.
Aumento de la criminalidad
La criminalidad de Río ha crecido de forma constante desde 2016, año de las Olimpiadas y del fracaso de la política de seguridad pública basada en las Unidades de Policía Pacificadora (UPPs).
«El aumento de la criminalidad violenta, de los tiroteos en comunidades pobres, de los homicidios causados por la acción policial y de los homicidios de policías en los últimos años muestra un deterioro muy grave de la seguridad pública en Río de Janeiro», declaró Maria Laura Canineu, directora en Brasil de la ONG internacional, Human Rights Watch.
«Sin embargo, la decisión de colocar a un general del ejército al mando de las policías civil y militar de Río de Janeiro es bastante preocupante. Río de Janeiro necesita perfeccionar la actuación de la policía y, para ello, necesita un especialista en policía, no un experto en guerra», señaló Canineu, que considera que las estrategias militares han fracasado hace décadas, causando muertes y exacerbando los problemas de violencia en Río.
Los números de muertes violentas y asaltos callejeros vienen aumentado desde 2012, así como los robos de carga, usados por narcotraficantes para conseguir recursos.
En 2017, el número de muertes violentas llegó a 6.731, un aumento del 44% en apenas cinco años. Los robos de carga aumentaron un 289% en los último cinco años, de 3.656 a 10.599.
ABCES.
