El Poder Ejecutivo desarticuló ayer el Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) y conformó la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA) para el combate al contrabando, que será encabezada por el funcionario de Estado Germán Zonetti. El cambio se da tras comprobarse el cobro de coimas en el Detave, cuyo ex titular, Gral. (SR) Ramón Benítez, fue su principal exponente.
La ministra Liz Cramer, Germán Zonetti, Emilio Fúster y Julio Fernández (Aduanas) se reunieron ayer en el palacio con el presidente Mario Abdo Benítez. Al término del encuentro, anunciaron la creación de una nueva unidad contra el contrabando.
Zonetti declaró en rueda de prensa que el funcionamiento de la COIA será totalmente diferente al Detave, teniendo en cuenta que el trabajo se centrará en informaciones de inteligencia, implementación de controles móviles y el uso de mayores tecnologías. Zonetti manifestó que es un funcionario bancario con 20 años de antigüedad.
“Acá se implementarán los controles móviles dejando un poco de lado los puestos fijos donde se hacían los controles; vamos a tener intercambio de información con los pares de los países vecinos. Es muy importante basar el trabajo de COIA con informaciones de inteligencia y buscar monitorear no solo los puntos de entrada de las jurisdicciones aduaneras, sino también los puntos irregulares, los puertos”, sostuvo. Agregó también que la institución luchará también contra la evasión y el lavado de dinero.
“Vamos a implementar tecnologías en audio y videos para los procedimientos de control para que queden registrados, incluyendo que los móviles cuenten con estas tecnologías a fin de dar transparencia a los controles”.
ELECCIÓN DE NUEVOS FUNCIONARIOS
El 80% del personal que trabajaba en el Detave pasó a disposición de Recursos Humanos, otros están imputados y el 20 por ciento quedó para cuestiones administrativas. Al respecto, Zonetti indicó que para la elección de los nuevos agentes fiscalizadores se realizará un “control de integridad”, donde se tendrá en cuenta un análisis patrimonial, la condición económica y financiera de los mismos con la finalidad de obtener “ciertas garantías de integridad” en el accionar de los funcionarios. LN
