Asunción, IP.– La presidenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Teresita Palacios, destacó el componente de responsabilidad social que el Gobierno nacional exige a las empresas precalificadas en el proceso de licitación de la tecnología 4G de modo a reducir la brecha digital existente en el país.
En conferencia de prensa, luego de una reunión con el presidente de la República, Horacio Cartes, la presidenta de Conatel informó que las empresas Tigo y Claro cumplieron con todos los requisitos del pliego de bases y condiciones de la licitación de la banda de 1.700-2.100 megahertz (4G). Las empresas van a ser informadas de este resultado este mismo lunes y a partir de allí tendrán cinco días para entregar sus ofertas.
La presidenta de Conatel destacó que esta licitación tiene un componente de responsabilidad muy importante que exige a las empresas varias inversiones para reducir la brecha digital en el país.
“Ellos tienen un plazo de tres años para cumplir con todas las exigencias, que no es menor. Va a ser un esfuerzo extra para la operadora porque a parte de invertir en la licencia y la implementación de la tecnología tienen que invertir en la responsabilidad social que le imponemos y una exigencia de cobertura que ellos tienen que cumplir en todo el país”, dijo Palacios.
El componente de responsabilidad social exigido en esta licitación “es la parte sustancial, aparte de lo que se va a recaudar por el pago de derecho a la licencia porque con ello vamos a cumplir con uno de los propósitos principales del gobierno digital que es reducir la brecha digital y facilitar el acceso a nuevas tecnologías”, afirmó.
Señaló que con esta licitación se tiene previsto además proporcionar a la Policía Nacional una cantidad importante de conectividad con computadora, así como a los colegios que van a tener cuentas de acceso y al Ministerio de Salud que se le asignará suficiente ancho de banda para telemedicina en todo el país.
Igualmente se van a garantizar cuentas con computadoras que van a ser subsidiadas para estudiantes de universidades y de formación docente.
“Vamos a conseguir internet de mayor velocidad y por lo menos vamos a garantizar el precio de la región”, dijo la presidenta al destacar que el Poder Ejecutivo había modificado el decreto reglamentario para que las empresas tengan un mayor plazo de licencia y se mantengan con ello los precios finales para los usuarios