Recientemente, y tras haber asumido el nuevo fiscal general del Estado, los tres gremios de abogados existentes en el Departamento de Canindeyú han solicitado formalmente cambios en las fiscalías zonales de la región: El Colegio de Abogados de Canindeyú, el Colegio de Abogados de Curuguaty y la Orden de Abogados de Canindeyú.
Los colegios de Abogados de Curuguaty y Canindeyú fueron más específicos y denunciaron que el fiscal Meiji Udagawa estaría vinculado a varios graves hechos que conmocionan a la sociedad.
Los gremios citaron algunos casos, entre ellos el de la solicitud de sobreseimiento de responsables de toneladas de drogas, en el que llamativamente “cambió” su postura inicial de acusación por el del sobreseimiento. Otro caso denunciado corresponde a la actuación del fiscal Udagawa en la extraña desaparición de aproximadamente 300 millones de guaraníes fruto de un asalto ocurrido en Salto del Guaira.
Cabe destacar que en las notas presentadas por los gremios al titular del Ministerio Público, el fiscal fue duramente cuestionado por su tibia reacción y no accionar contra los intervinientes. En este caso, se integró un equipo de fiscales, del cual no participa Udagawa, a fin de esclarecer lo acontecido.
Recordemos que el fiscal Udagawa se desempeña como fiscal delegado de Canindeyú, y es fiscal Antidrogas y en tal sentido, también es investigador coadyuvante en el caso “A Ultranza”. La importancia de tener al frente de investigaciones contra el crimen organizado y narcotráfico, fueron uno de los motivos de la presentación de la nota, pues al frente de las mismas deben estar fiscales íntegros.
Los gremios exigen una auditoría de gestión a la unidad penal del fiscal Udagawa, ya que refieren que en la misma existen varios procesos que requieren una minuciosa inspección. Los gremios se ofrecen incluso a cooperar para indicar casos puntuales para su verificación y control.
La realización de auditorías era una práctica común en anteriores administraciones del Ministerio Público para ejercer un efectivo control sobre las actuaciones de los agentes fiscales e impedir conductas fuera de los límites de la ley.
