En abril del 2011, en Toro Pampa (Chaco), una avioneta boliviana hizo un aterrizaje forzoso en una propiedad privada. La Policía sospechó que transportaba droga, pero el responsable político de la seguridad nacional no profundizó la investigación. La aeronave fue incinerada para borrar rastros.
En abril del 2011, en Toro Pampa (Chaco) una avioneta boliviana hizo un aterrizaje forzoso en una propiedad privada. La Policía sospechó que transportaba droga, pero el responsable político de la seguridad nacional no profundizó la investigación. La aeronave fue incinerada para borrar rastros.
La caída y posterior quema de una avioneta proveniente de Bolivia en el departamento de Alto Paraguay, en abril del 2011, al parecer ligada al narcotráfico a juzgar por las sospechas de la propia Policía del gobierno de Fernando Lugo, tomó estado público a nivel nacional e internacional, por las extrañas circunstancias en las que sucedieron los hechos. Lo más llamativo del suceso fue que surgió el nombre de Thomas Robert Dietze, director ejecutivo de la fundación Kolping Bolivia, como propietario de la nave siniestrada.
Sin embargo, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, quien fue nombrado por el ex presidente Fernando Lugo y estuvo al frente de la mencionada cartera estatal desde el 15 de agosto del 2008 hasta el 16 de junio del 2011, una vez más, como en tantos otros sucesos durante su administración, no demostró demasiado interés en ordenar una investigación exhaustiva para llegar a los verdaderos responsables de la aeronave y para determinar si era cierto que transportaba alguna carga ilegal.
El percance ocurrió el 8 de abril del 2011 cerca de las 18:30, en la localidad de Toro Pampa, situada a 90 kilómetros al Oeste de Fuerte Olimpo, en la frontera con Brasil. Aparentemente, a raíz de un desperfecto mecánico una avioneta Cessna monomotor de color blanco y con matrícula boliviana CP-2576 hizo un aterrizaje forzoso en el predio de la estancia “Niño Jesús”, propiedad de Dirce Sánchez Samora, de nacionalidad brasileña.
Según relatos de Arnaldo Mongelós, encargado del establecimiento, aproximadamente una hora después del aterrizaje de emergencia dos personas extrañas se acercaron hasta la vivienda que dista a unos cinco kilómetros del lugar del percance. Los desconocidos solicitaron utilizar el teléfono, además tenían intenciones de adquirir una motocicleta; presumieron que eran tripulantes de la avioneta que buscaban huir antes que llegaran las autoridades, ya que ofrecieron US$ 5.000 al encargado de la vivienda a cambio de que guardara silencio. Lo que llamó más aún la atención fue el interés de los desconocidos por conseguir un encendedor o una caja de fósforos.
Mongelós no aceptó el dinero y por seguridad pidió a uno de los peones que fuera hasta el puesto policial situado en Toro Pampa, a 20 kilómetros del establecimiento ganadero, para dar parte a las autoridades policiales de lo que acababa de ocurrir con la aeronave. Los desconocidos, alarmados por esa decisión, escaparon a pie perdiéndose en el monte.
El piloto boliviano Roly Martínez Méndez figuraba en la nómina de profesionales de la aeronáutica de su país. El piloto boliviano Roly Martínez Méndez figuraba en la nómina de profesionales de la aeronáutica de su país.
AGENTES NO CUSTODIARON LA AVIONETA Y FUE INCINERADA
Esa noche, pasando las 20:00 llegaron hasta la estancia tres efectivos policiales para constatar la denuncia, pero poco después abandonaron el lugar sin siquiera dejar a un encargado para custodiar la aeronave, tampoco se sabía aún lo que había en su interior. Sí se pudieron rescatar documentos en los que constataban el nombre del piloto Roly Martínez Méndez y su acompañante identificado como Jorge Rivero Koña.
Además, como mencionábamos anteriormente, fue hallado el título de la avioneta en el que Thomas Robert Dietze figuraba como único propietario de la misma y, por ende, de la carga que presumiblemente había adentro. Además de un sello con la inscripción “Umopar aeropuerto hangar. Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico”.
Toda esta información puede ser hallada en sendas publicaciones de la época hechas por el diario Abc Color y el diario La Razón de Santa Cruz, Bolivia (http://www.la-razon.com/index.php?_url=/ nacional/Paraguay-cae-avioneta-detienen-bolivianos_0_1374462555.html y también en http://www.abc. com.py/edicion-impresa/ interior/sugestiva-conclusion-en-caso-de-avion-que-protagonizo-un-aterrizaje-forzoso-322041.html).
A la mañana siguiente, cuando los policías regresaron, ya acompañados del comisario Alberto Caballero, se encontraron con la sorpresa de que la avioneta fue completamente incinerada. En ese entonces, el comisario Caballero decidió sumariar a todos los que participaron de la intervención, por no haber tomado las medidas necesarias para evitar el suceso.
DETUVIERON A PILOTO Y SU ACOMPAÑANTE
Roly Martínez Méndez, piloto de la aeronave incinerada y un acompañante identificado como Jorge Rivero Koña fueron finalmente detenidos la noche del sábado 9 de abril. Las autoridades los encontró caminando por la vía pública, con rastros visibles por todo el cuerpo, aparentemente adquiridos mientras se encontraban ocultos en el monte.
Al ser interrogado por las autoridades pertinentes, los detenidos manifestaron que había otros tres tripulantes que se dieron a la fuga, llevando con ellos armas de fuego y un maletín. Sin embargo, esta teoría no fue tomada en cuenta, ya que -según los investigadores- los detenidos solamente intentaban desviar el tema para así evitar ser acusados de la quema de la avioneta. Finalmente, ambos bolivianos fueron expulsados del país por recomendación del fiscal de Concepción, Celso Morales, quien alegó falta de evidencias.
NO SE INVESTIGÓ A THOMAS DIETZE
A pesar de haber hallado el documento en el que Thomas Dietze, director de la fundación Kolping en Bolivia y mano derecha de Hans Drolshag, director ejecutivo de Kolping International, figuraba como propietario de la avioneta que presumiblemente transportaba droga desde Bolivia, las autoridades paraguayas, como por ejemplo la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio del Interior a cargo de Rafael Filizzola, hicieron caso omiso a esos datos y no abrieron una investigación seria para saber quién o quiénes estaban detrás del supuesto cargamento que contenía la aeronave y del gran interés de los responsables de eliminar las evidencias.
No está demás mencionar que en ese entonces ya se había desatado el escándalo internacional por las acusaciones hechas por la exdirectora de Kolping Paraguay, Brigitte Fuzellier, empresaria alemana radicada en nuestro país. La misma denunció ante los gobiernos paraguayo y alemán una millonaria malversación de fondos que habría ocurrido en la fundación antes que ella asuma la dirección a finales del 2007.
Ante el llamativo interés de Hans Drolshag de frenar cualquier tipo de denuncias e investigaciones, finalmente, a través de varias auditorías internacionales, se pudo constatar que efectivamente existieron las irregularidades, pero no era solo en Paraguay, la corrupción venía directamente de la sede en Alemania a cargo de Drolshag.
Tras el escándalo, Kolping Alemania fue obligado a devolver todo el dinero donado por el Gobierno alemán y que fue malversado, al mismo tiempo todos sus directivos se vieron obligados a renunciar. Pero llamativamente, tras lo ocurrido, Brigitte Fuzellier fue destituida y los casos en Paraguay fueron desestimados.
Filizzola ya conocía lo que pasaba en la fundación local Kolping debido también al pedido de intervención de esta organización hecho por representantes oficiales de organizaciones sociales ante sospechas de uso irregular de fondos alemanes que eran enviados al país para proyectos productivos.
Llamativamente, el licenciado Guillermo Lezcano Claude, hermano del asesor de Lugo, Luis Lezcano Claude (ex ministro de la Corte Suprema de Justicia), era en ese entonces el auditor interno de Kolping. Es más, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, activista del PDP, que Filizzola preside hoy, fue en esa época y sigue siendo hasta hoy día el representante legal de Kolping Paraguay. Para proteger a su cliente y frenar las publicaciones, este renunció a su candidatura al Senado la semana pasada.
NO QUIERE DAR LA CARA
Hasta la fecha ninguna de las autoridades de la fundación radicada en nuestro país dio su versión del hecho. Desde La Nación nos comunicamos con la institución para conversar con su actual director, Olaf Von Brandenstein, acusado por Fuzellier de impartir una constante persecución en su contra, pero la persona quien atendió la llamada manifestó que por órdenes del mismo el encargado de hablar con la prensa es Marcos Blanco, director general del Instituto de Formación Profesional Kolping.
Ocasionó graves perjuicios en la cartera de Interior
Rafael Filizzola habría sobrefacturado la compra de helicópteros para la Policía Nacional. Rafael Filizzola habría sobrefacturado la compra de helicópteros para la Policía Nacional.
El presidente del PDP cuenta con una hoja de vida bastante cuestionada por los malos manejos que realizó cuando fue ministro.
La gestión del actual presidente del Partido Democrático Progresista (PDP), Rafael Filizzola, al frente del Ministerio del Interior estuvo plagada de anomalías, según el estudio que realizó la Contraloría General de la República en su informe sobre el ejercicio fiscal del año 2010.
El cuestionamiento del órgano contralor arranca por el contrato de servicios de capacitación para cursos de pilotos, operadores de vuelo y mecánicos, por el que el Ministerio del Interior pagó G. 5.834.620.000. Esto afectó los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2011.
“El órgano contralor manifestó que el millonario pago por estos servicios no evidencia los procedimientos que justifiquen dichas contrataciones”, señaló en su momento una publicación del diario ABC.
Filizzola autorizó el pago de G. 488.000.000 por el servicio para capacitación de pilotos en España, sin que existan evidencias de que los cursos se hayan concretado.
“La cartera, en ese entonces al mando de Rafael Filizzola, abonó G. 1.161.600.000 para cursos de operadores policial y mecánico. Pese al pago, no se realizaron estas actividades”, indica la publicación.
EL CASO FILICÓPTERO
El Ministerio del Interior de Uruguay presentó en su momento tres helicópteros del tipo Robinson 44 Raven II, que fueron comprados a 500.000 dólares cada uno, mientras que en Paraguay fueron adquiridas 3 unidades con las mismas características, pero que costaron casi 10 millones de dólares al Estado paraguayo.
La operación fue concretada durante la administración del ex ministro del Interior Rafael Filizzola, actual presidente del Partido Democrático Progresista (PDP) y esposo de la senadora opositora Desirée Masi, quien estuvo al frente de la institución desde el 15 de agosto del 2008 hasta el 17 de junio del 2011 durante el gobierno de Fernando Lugo. Las maquinarias fueron proveídas por la firma Proibérica SA.
De acuerdo a la carpeta fiscal, los helicópteros fueron traídos sin un manual logístico y, por lo tanto, no estaban en condiciones de ser utilizados. Actualmente, se encuentran inservibles. Los agentes sostienen que con esa operación se produjo un perjuicio del orden de 50.000 millones de guaraníes. Igualmente, a Filizzola se lo acusa de una malversación de más de 1.300 millones de guaraníes por supuestas irregularidades cometidas en la construcción de comisarías.
Los representantes del Ministerio Público aseguran que el ex secretario de Estado estaba en pleno conocimiento de las negociaciones con la empresa Proibérica. El mismo estaba al tanto del pliego de bases y condiciones y el manejo de la licitación que finalmente fue adjudicada a la mencionada firma.
El esposo de la senadora Desirée Masi fue sacado del ministerio por el entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por su activa participación en la campaña política de Efraín Alegre a la Presidencia, hecho que molestó a Lugo.
LA NACION
