Asunción, Agencia IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo se reunieron este martes con representantes de entidades de medios de pago para abordar acerca del proyecto de ley «De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”.
La ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República, Carmen Marín, informó que junto con el jefe de Gabinete, Hernán Huttemann, recibieron esta mañana a representantes de entidades de medios de pago, quienes plantearon su preocupación respecto al alcance del artículo 103, respecto al nivel de exigencia para las operaciones de envío de giros de dinero a través de las empresas de telefonía.
Marín señaló que esto va en línea con el dictamen emitido por el Banco Central del Paraguay, por lo que desde el Ejecutivo se escuchó la preocupación de parte de las entidades para posteriormente realizar una recomendación técnica.
“Una entidad debe certificar el nivel de seguridad y, en este caso, se requiere una institución que se haga cargo de eso que establece la ley. Ellos alegan que esto podría restringir el normal funcionamiento del sistema y es por eso que estamos evaluando las implicancias técnicas”, indicó.
Sostuvo que desde el Ejecutivo están abiertos a reunirse con todos los sectores a los efectos de disipar las dudas sobre alance de la iniciativa. “Tenemos que escuchar también al Banco Central, al Incoop y la Comisión Nacional de Valores”, precisó.
Por otro lado, indicó que esta será una herramienta importante y que por tanto se deben establecer los mecanismos necesarios para que tenga un alto nivel de seguridad. “Ellos alegan que la misma requiere de una gradualidad en su implementación”, dijo.
Asimismo aclaró que el documento aún no llegó al Poder Ejecutivo, aunque esto se daría en el trascurso de la semana. Una vez que eso suceda, el mandatario tiene 20 días para emitir una postura.
Durante la reunión, los representantes de las telefonías manifestaron que este tipo de servicios no existe en el mercado, por lo que tendría un costo extra para los usuarios, es decir afectaría a unas dos millones de personas que usan esta modalidad.