En América Latina, atrás quedaron los años en los que la violencia se identificaba con los movimientos armados o con las dictaduras militares. Hoy, mientras otros vientos políticos soplan en la región, se producen nuevos fenómenos que están particularmente vinculados al mismo flagelo: la violencia que se sirve de base para los crímenes como el narcotráfico, el lavado de dinero o las actividades ilícitas transfronterizas. No cabe duda que estas operaciones delictivas, que se concretan gracias a la complementación de enormes organizaciones mafiosas presentes en varios países, han pasado a constituirse en un negocio que mueve millones de dólares y que amenaza la seguridad de los ciudadanos de la región, llevando el miedo y el pánico a lo largo y ancho del hemisferio.
Hay que decirlo, sin temor a equívocos, que estas organizaciones criminales se han fortalecido en los últimos 20 años con la irrupción de poderosas entidades como el Primer Comando Capital (PCC) o el Comando Vermelho, ambos del Brasil, que supieron trascender las fronteras para extender sus tentáculos hacia países como Bolivia, Paraguay, Perú o Argentina.
A pesar de la lucha, los países latinoamericanos siguen siendo los mayores exportadores de cocaína y marihuana a nivel mundial. Esa tendencia parece haberse estabilizado y en algunos países como en Paraguay, incluso, hubo importantes operativos que supusieron un fuerte golpe contra el narcotráfico.
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), la entidad que tiene a su cargo la lucha contra este flagelo, ha tenido en los últimos años una destacada labor, en especial con su actual titular, Hugo Vera.
Por ejemplo, importantes operativos, conjuntos y propios, asestaron fuertes golpes al esquema de la red de tráfico de drogas que tiene a Paraguay como base o tránsito de estupefacientes. Por ejemplo, el promedio de incautaciones de la entidad se encuentra en torno a 2.500 kilos de cocaína al año, más de 700 toneladas anualmente de marihuana y la fulminación de más de 1.200 hectáreas de plantaciones de dicha droga. Esto quiere decir que los grupos de narcotraficantes están perdiendo más de 300 millones de dólares; además, obviamente, de que en los operativos se saca de circulación avionetas y esquemas logísticos muy importantes para los diferentes grupos.
Es por este tipo de acciones realizadas por los agentes de la Senad, algunas en colaboración con fuerzas de otros países como Brasil (principalmente), EEUU y Argentina, que reciben el destaque y el elogio del Departamento de Estado norteamericano.
Este departamento emite anualmente un informe sobre la situación de normas de Derechos Humanos, operaciones de lavado de dinero y narcotráfico en los países aliados. En ese sentido, la cancillería norteamericana resaltó los trabajos de Paraguay en incautaciones de drogas durante los años 2016 y 2017.
Precisamente, acciones que dieron, por ejemplo, con la desarticulación de una vasta red en la zona de Ciudad del Este hace apenas un par de días, así como hace unas semanas con la detención de Eduardo de Almeida, alias “Piska”, un importante jefe de la red logística del PCC, fueron consideradas por Washing-ton para destacar la labor de nuestro país como de progreso.
El informe del gobierno de Donald Trump claramente es un respaldo a las acciones desplegadas por el Gobierno paraguayo, que ha dedicado recursos e infraestructura para optimizar la lucha contra este flagelo que acecha en la región. Además, está embarcada en un proceso de depuración de sus filas y de sumarios que buscan sanear la institución para que pueda cumplir a cabalidad los fines para los que fue concebida.
Es de esperar que el próximo gobierno –que ha designado esta delicada labor al ex fiscal y ex senador Arnaldo Giuzzio– siga la estela de esta misión que busca neutralizar y acabar con el tráfico de estupefacientes. LN
