La Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP) alerta sobre la grave situación del sector y propone una serie de medidas, como la devolución del IVA a productores locales.
La crisis por la que atraviesa actualmente el sector textil afecta directamente a unos 10.000 trabajadores, que se ven perjudicados por la merma de la producción a causa de la falta de mercados en donde vender, según informó la Asociación de Industriales Confeccionistas del Paraguay (AICP). La situación se torna más compleja, pues se estima que el 80% de estos 10.000 trabajadores son mujeres, la mayoría jefas de hogar.
“Sabemos que la situación de los productores textiles es grave. El caso de Pilar (cese laboral de una semana por mes) fue consecuencia del hecho de que varios talleres o empresas cesaron sus compras. Desde el 2018 varios importadores de tejido se encuentran manifestando que los números bajaron considerablemente”, resaltó Adriana Chaparro, titular de la AICP, al analizar la complicada situación por la que atraviesa el sector confeccionista.
medidas. Ante la crisis planteada en este sector, la AICP propone una serie de medidas a trabajar con el Gobierno para poder capear esta situación en el menor tiempo posible y volver a remontar las exportaciones y mercados perdidos. Uno de esos mercados es el de la Argentina, que fue hasta hace poco el destino más importante de la producción textil paraguaya.
Entre esas medidas, el sector confeccionista pide igualdad de condiciones ante el régimen de materia prima y de admisión temporaria para la adquisición de materia prima local, con la supresión del 10% del IVA para los productos que están relacionados con el sector, como los botones, por ejemplo.
“Las normativas actuales favorecen a los proveedores internacionales por sobre los locales y, como medida aleatoria, solicitamos agilizar la recuperación del 10% del IVA”, indicó Chaparro.
También solicitan como medida de urgencia adoptar controles más fuertes para contener el contrabando y la subfacturación, “con estrategias a corto plazo que verifiquen que los precios ofertados no estén por debajo de los valores referenciados”.
“Estamos trabajando en un plan estratégico de acciones y medidas anticontrabando. No podemos culpar a los consumidores de buscar los mejores precios, pero sí podemos exigir a las autoridades competentes que se cumplan las leyes y reglamentaciones anticontrabando, como la Ley de Competencia, que acabaría con la venta de prendas de vestir y el control del etiquetado, regulado por Decreto Nº 18568”, expresó Chaparro.
Esta norma establece el control del etiquetado en prendas de vestir, confecciones y calzados a comercializarse en nuestro país. El gremio confeccionista también solicita que se investiguen las sospechas de dumping en las compras de fardos y ropas usadas, prohibidas por el Decreto 11459. UH
