Agencia IP.- Autoridades del Poder Ejecutivo presentaron la segunda rendición de cuentas de los 1.600 millones de dólares aprobados en la Ley de Emergencia Sanitaria, de inicios de abril, que fue utilizada para asegurar recursos al sistema de salud, subsidios para trabajadores afectados por las medidas de cuarentena y otros gastos del Estado.
En total se han asignado 1.338 millones de dólares, de los cuales 837 millones de dólares ya han sido ejecutados, informó el viceministro de Administración Financiera, Oscar Llamosas.
En el caso del sistema de Salud, el principal objetivo de la Ley, se han asignado 514 millones de dólares en total. De esta cifra, el Ministerio de Salud ha ejecutado 37 millones de dólares y tiene licitaciones en curso por 130 millones de dólares.
Igualmente de estos fondos se han asignado 3 millones de dólares para compra de insumos en el Hospital de Clínicas, y también, a partir de la ley aprobada en el Congreso, se prevén recursos de los 514 millones de dólares para el programa Pytyvõ 2.0, informó Oscar Llamosas.
Esta nueva edición del programa prioriza los trabajadores de frontera, y además del remanente de 105 millones de dólares, que sobraron de la primera edición del programa, se prevén 125 millones de dólares en total para la asistencia a los trabajadores informales.
De acuerdo al proyecto de ley, estos fondos deberán salir del crédito de emergencia, por lo que aún no se han utilizado, pero de ser así serán reasignados los fondos de Salud para este programa, explicó Llamosas.
Programas sociales y funcionamiento del Estado
El segundo componente importante del crédito fue el de programas sociales y funcionamiento del Estado, que tuvo asignados 534 millones de dólares, de los cuales ya se utilizaron 504 millones de dólares.
Este monto incluía los programas Pytyvõ (para asistencia a trabajadores del sector informal), fondos para el IPS (para subsidio a trabajadores con seguridad social) y el programa Ñangareko (para asistencia a personas en situación de vulnerabilidad).
De igual manera se han destinado estos recursos para el Instituto del Indígena y el Ministerio de Justicia, para atención a las comunidades indígenas y la población carcelaria, respectivamente.
De los 504 millones de dólares ejecutados también se han recurrido al funcionamiento del Estado y sus compromisos. De los pagos rígidos, Llamosas señaló que se ha ejecutado principalmente los pagos para personal de blanco, docentes y fuerzas públicas, conforme a los primeros meses de la emergencia sanitaria.
De los recursos sin asignación, los mismos irán para ampliar el subsidio a los servicios de ANDE y Essap, conforme al decreto presidencial de inicios de julio. La medida inicialexoneraba el pago de las facturas, dependiendo del consumo, por los meses de abril, mayo y junio. La prórroga del Ejecutivo incluye los meses de julio y agosto y será financiada con recursos sin asignación, explicó el viceministro Llamosas.
