Caso MEC: Fiscalía afirma que recusación es a fin de dilatar
Con relación a la causa en la que se encontrarían como víctimas docentes del Ministerio de Educación, la fiscal Teresa Sosa afirmó que los fundamentos del dictamen emitido por Rubén Galeano Duarte, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay en la causa abierta contra los abogados Rolando Salinas Pastore y Mercedes Lucila Galeano, por uso de documentos no auténticos y testimonio falso, no serían correctos, porque no contaba en su poder con todos los elementos de prueba en la mencionada causa.
Sosa remitió una nota al fiscal general encargado de despacho Alejo Vera, en la que menciona que los procesados la recusaron en los momentos previos a la realización de la audiencia preliminar. La recusación señala que Sosa supuestamente actuó en forma irregular, persiguiéndolos sin fundamento, con el fin de lograr la reparación de los hechos punibles investigados a favor de los docentes del MEC.
Como elemento de prueba, los recusantes presentaron un dictamen firmado por Galeano Duarte, en el que se concluye que las conductas de Salinas y Martínez no se adecuan al tipo penal de testimonio falso. La recusación agrega que hay indicios de enemistad hacia los procesados y reviste una causal suficiente para la recusación de la fiscala, pues afecta su independencia e imparcialidad.
Sosa refirió que “un dictamen emitido por el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, un gremio que congrega a los profesionales del Derecho, constituye un elemento de mucha presión probatoria ante cualquier juzgado, que será valorado con la más alta credibilidad y respeto, por lo que a su criterio debería ser dictado con mucha prudencia”, señaló la agente fiscal.
La representante del Ministerio Público afirmó que, “los fundamentos expuestos por los acusados, no son lo suficientemente idóneos para encuadrarlos dentro de las previsiones del artículo 57 del Código Procesal Penal. Los recusantes pretenden invocar una serie de circunstancias que justificarían la supuesta enemistad y de esa manera, apartar a la agente fiscal interviniente en la dirección de la investigación penal”, aseguró.
La agente fiscal remarcó que “el dictaminante no tuvo en su poder todos los elementos de prueba de la mencionada causa, y que los fundamentos del mismo no serían correctos pues solo fueron valorados elementos aportados por los acusados, no así todos los elementos probatorios agregados al cuaderno de investigación fiscal, como así los obrantes dentro de los cientos de expedientes de acción ejecutiva promovidos por los acusados contra los docentes del MEC”.
Sosa finalizó diciendo que en el marco de las denominadas “Causas MEC” las fiscales penales Lorena Ledesma, Silvana Otazú y Sussy Riquelme, que conformaron el equipo de trabajo, realizaron una ardua tarea investigativa durante más de dos años desde febrero de 2015, para entender la ingeniería delictiva elaborada y reviste un caso emblemático del Ministerio Público; pues se trata de causas donde se ve reflejada la práctica común del abuso sufrido por parte de un grupo de personas que conforman la sociedad paraguaya, como son los docentes y funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, quienes han sido objeto de privaciones indebidas durante años de parte de sus respectivos patrimonios, específicamente su salario, causando un detrimento en sus condiciones de vida y teniendo como el “Saldo Cero” de sus haberes percibidos.
