El equipo integrado por los agentes fiscales de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, Francisco Cabrera, Jorge Arce y Diego Arzamendia, formuló imputación contra Justo Rubén Ferreira Servían y Patricia Beatriz Ferreira Pascottini y otras cinco personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de Contrabando, Producción de Documentos no Auténticos y Asociación Criminal. La representación fiscal requirió al Juzgado Penal de Garantías que dicte como medida cautelar la prisión preventiva de los mismos.
La firma Insumos Médicos S.A. resultó adjudicada por el importe total a pagar de G. 47.952.500.000 y conforme a ello, debía proveer al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, equipos e insumos médicos que llegaron al aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y no fueron recibidos. Es en torno al caso que se investiga sobre la adquisición por la vía de excepción de insumos y equipos médicos para la contingencia de emergencia sanitaria ante la pandemia de Covid -19.
También están procesados Carlos Alberto Gamarra González (despachante de Aduanas), Guillermo Andrés Molinas Camp, Gustavo Adolfo Acosta Acosta y Mario Joel Olmedo Pacua, por la comisión de los hechos punibles de Producción de Documentos no Auténticos y Contrabando previsto y penado en la ley n. ° 6417/2019 que modifica y amplia el art. 336 de la ley Nro. 2422/04 “Código Aduanero”, como así también dentro de lo dispuesto en el art. 337 “Colaboración o complicidad de funcionarios públicos o despachantes de Aduanas” de la ley n. ° 2422/04, todos ellos en concordancia con el art, 29 de Código Penal. Igualmente está imputado Lauri Marcio Pohl Kleinpaul (presidente y agente de transporte de la firma Eximcargo Paraguay S.A.) por la supuesta comisión de los hechos punibles de Contrabando y Producción de Documentos no Auténticos.
Justo Ferreira es procesado en su carácter de apoderado de la Firma Insumos Médicos S.A., y de las Firmas Metaway S.A. y Glasgow S.A. las cuales también son accionistas de Insumos Médicos. En tanto, Patricia Ferrería en carácter de representante de la firma citada.
Parte del escrito de imputación refiere: “Justo Ferreira, quien funge como apoderado y directo negociador por la firma Insumos Médicos S.A. representada legalmente por su hija Patricia Beatriz Ferreira Pascottini, es quien tuvo a su cargo la contratación de los servicios de intermediación de la empresa Eximcargo S.A. para el transporte de las mercaderías adquiridas, tanto de la firma “HK Instto Electronics Limited” como de la firma panameña “Master House Inv”.
En el escrito se expresa además que Justo Ferreira, conjuntamente con su hija Patricia Beatriz Ferreira, habría tenido participación activa en la negociación de todo el proceso de adquisición y traslado de los insumos médicos.
SE SIGUE INVESTIGANDO SOBRE EL DAÑO PATRIMONIAL
No obstante, el Equipo Investigador prosigue con las pesquisas del caso y sobre la causa, el fiscal Osmar Legal refirió:•”Con respecto a la tentativa de Estafa tenemos que tener en cuenta que esta arista sigue estando investigada; sin embargo, chocamos con ciertas complejidades técnicas en cuanto al patrimonio que ellos (los imputados) ofrecieron y que posteriormente entregaron.(…) Seguimos investigando y es por eso que hay ciertos actos investigativos que se realizaron en éstos días y que no le dimos publicidad por proteger la investigación. Esto, teniendo en cuenta que este mismo grupo empresarial, hace unos días, justamente para obstaculizar el tema de las investigaciones recusó a los fiscales intervinientes, a los 16 fiscales Adjuntos y hasta a la Fiscal General del Estado”. Y por una cuestión de protección de la investigación, es que tratamos de proteger esas informaciones”. Agregó: “Cuando tengamos los datos ciertos técnicos sobre la calidad de lo provisionado, vamos a poder determinar el monto del perjuicio patrimonial. Es un trabajo muy complejo”, recalcó.
Para la Fiscalía existen indicios suficientes de un eventual esquema delictivo para la comisión de un fraude al Estado Paraguayo, cuyo fin sería el ingreso irregular al territorio nacional de mercaderías que no contaban con los registros correspondientes para su nacionalización y posterior comercialización.