Con 36 muertes en tres años y semanas de mandato, el de Horacio Cartes se convirtió en el gobierno que registra el mayor número de víctimas fatales a manos del grupo criminal EPP. En promedio, una persona fue asesinada por mes.
“Puedo asegurarles que no nos van a marcar la hoja de ruta ni criminales ni grupos armados, en un país donde sabemos muy bien que el Estado de Derecho y la Justicia serán ofrecidos a todos los habitantes de nuestro país”, afirmaba tajante Horacio Cartes el día en el que asumía como el presidente número 49 en la historia del Paraguay.
El empresario devenido en político y quien se encargó de llevar nuevamente al poder al Partido Colorado hacía referencia principalmente al grupo criminal EPP, una banda que lleva casi dos décadas aterrorizando la zona norte de la región oriental, principalmente los departamentos de Concepción y San Pedro.
Sin embargo, el grupo criminal no esperó demasiado para asestar su primer golpe bajo el nuevo gobierno. No habían pasado aún 48 horas desde el momento en el que Cartes con voz firme y ante miles dijera “Sí, juro” antes de que el EPP se hiciera sentir.
El 17 de agosto de 2013, los criminales se encargaron de hacerle sentir a la administración que aún intentaba acomodarse en sus respectivos asientos que no le iban a dar tregua alguna al nuevo gobierno. De hecho, el recrudecimiento por parte del EPP comenzó ya poco después de que Cartes resultara electo en abril de ese año.
Desde su formación en 1997 hasta 2008, la banda había perpetrado apenas una decena de ataques; sin embargo, fue fortaleciendo su presencia. Durante los años de gobierno de Fernando Lugo, registró un promedio de una aparición cada dos meses; mientras que en el año de gobierno de Federico Franco el promedio fue de 3 ataques cada dos meses.
Entre abril y agosto de 2013, el grupo criminal mantuvo un promedio de un atentado cada dos semanas.
Apenas dos días después de la asunción de Cartes, el EPP mató a cinco personas en las inmediaciones de un tupido monte ubicado en el interior de la estancia Lagunita, en el distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro y límite con el departamento de Concepción. En menos de 24 horas, los criminales perpetraron al menos cuatro atentados en la zona.
SEIS DE DIEZ SECUESTRADOS
El grupo criminal no había perpetrado secuestro alguno desde 2009, tras la liberación del ganadero Fidel Zavala; esta racha de “silencio” se rompió en abril de 2014 cuando capturó al adolescente Arlan Fick Bremm.
Arlan se convertía en el primer menor de edad capturado por los criminales y en el primer caso de secuestro perpetrado por el EPP en cinco años. A partir de ahí, la cuestión no hizo sino más que empeorar para el gobierno de Cartes.
Un par de meses después, con Arlan aún en cautiverio, los criminales secuestraron al suboficial Edelio Morínigo mientras se encontraba de cacería con un grupo de amigos. El primer secuestro doble del grupo criminal, el primer agente policial que caía en cautiverio.
El grupo criminal mantuvo a ambos secuestrados durante varios meses; obligó a la familia Fick a pagar US$ 500.000 en efectivo y repartir víveres por US$ 50.000, mientras que intentó utilizar a Edelio como moneda de cambio en trueques por varios de sus miembros condenados por crímenes como secuestro o asesinato.
Arlan fue liberado en la Navidad de 2014, pero un par de semanas después fueron capturados Robert Natto y Érika Raiser, ciudadanos alemanes que fueron asesinados durante un confuso enfrentamiento entre el EPP y la FTC, mientras el grupo criminal se retiraba de la estancia en la que había secuestro a ambos.
En agosto de 2015, el colono menonita Abrahán Fehr Banman era secuestrado mientras volvía a su casa en la colonia Manitoba tras una jornada de trabajo en el campo. En julio de este año, los criminales se llevarían a Franz Wiebe, un adolescente de 17 años que se dedicaba a trabajar en el campo para ayudar a su familia a conseguir el sustento.
Tras casi dos décadas de existencia, el EPP ha perpetrado 10 secuestros, 6 de los cuales han tenido lugar durante los primeros tres años de mandato de Cartes. Es decir, en promedio se registraron dos secuestros por año desde que el colorado llegó al poder.
