Con récords de muertos, hospitales al borde del colapso y una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus sin una estrategia nacional para contenerla.
El gigante sudamericano registró 1.641 muertos por coronavirus el martes y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios.
“Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores”, señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz, del ministerio de Salud.
Se trata de un “escenario alarmante” con un aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves (SRAG) y una ocupación de más del 80% de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en 19 de los 27 estados brasileños, explicó la institución.
En los últimos siete días el promedio ha sido de 1.331 decesos diarios, una cifra que hasta febrero se mantenía cerca de los 1.100. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado, durante la primera ola.
El número de víctimas demuestra que las restricciones a la circulación ordenadas en recientes semanas por alcaldes y gobernadores -y criticadas por el presidente Jair Bolsonaro- han sido insuficientes para frenar la pandemia.
El preocupante repunte resulta, según los expertos, de la falta de distanciamiento social durante las fiestas de fin de año y de las aglomeraciones del verano austral y el Carnaval, pese a que estas últimas estaban formalmente prohibidas.
Algunos estudios apuntan igualmente a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, denominada P.1, dos veces más contagiosa, detectada ya en 17 estados y que causa alarma mundial.
“La punta del iceberg”
Brasil, un país de 212 millones de habitantes, lleva un mes y medio de lenta vacunación contra el COVID, debido a una falta de dosis: hasta ahora, 7,4 millones de brasileños fueron vacunados y solo 2,3 millones de ellos con la segunda dosis. Esta emergencia “no es una sorpresa: se debe a no habernos preparado, porque este escenario estaba previsto. Sabíamos que había una nueva variante y debió haber un lockdown”, dijo a la AFP la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBIM), Isabella Ballalai.
El estado Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado, por dos semanas, a la “fase roja” de restricciones, que permite el funcionamiento de servicios de salud, alimentación, transportes públicos y escuelas, pero prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculo.
“Estamos hoy en Sao Paulo y en Brasil al borde de un colapso sanitario”, advirtió el miércoles gobernador paulista Joao Doria, en cuyo estado se interna un paciente con COVID cada dos minutos. En Brasilia y en los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia y Acre, entre más de una decena, la actividad ya se redujo a los servicios esenciales o se limitaron los horarios de apertura de los comercios, con eventuales toques de queda nocturnos.
Incluso los estados más ricos y con más infraestructura como Paraná y Santa Catarina (sur) están en “alerta crítica” de ocupación de camas UCI. Fiocruz advirtió sin embargo que el escenario actual “representa solo la punta del iceberg de un nivel de transmisión intensa” del coronavirus.
Autogestión
La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. Los secretarios de Salud de los estados pidieron el lunes implementar un toque de queda nocturno a nivel nacional y un “lockdown” en las zonas más críticas.
Pero esa postura choca con la de Bolsonaro, quien promueve aglomeraciones con sus seguidores, cuestiona el uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas y critica a las autoridades que aplican medidas de aislamiento social por su impacto económico. Ahora, el país enfrenta simultáneamente una agravación de la pandemia y una nueva y fuerte ralentización de su economía.
El mandatario ultraderechista, con la mirada puesta en las elecciones de 2022, afirmó la semana pasada que los gobernadores que decreten cierres de actividades “deberán pagar” con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre.
“Esa discordancia entre lo federal y lo estatal ha sido uno de los grandes problemas, con mucha politización del tema, y sin duda eso convirtió al país en uno de los peores lugares de gestión de la pandemia”, dijo Ballalai.
Fuente: AFP.
