En medio de denuncias de estos ilícitos y acciones a favor de personas ligadas al Hezbolá de parte de la Policía del anterior Gobierno, los enviados de EEUU llegan a dar asesoramientos sobre estos flagelos.
Patricia Vargas
@patriciavargasq
Justo en momentos en que se denuncian presuntos hechos de lavado de dinero y financiación a grupos extremistas que supuestamente operan en la frontera, el Gobierno de los Estados Unidos se hace sentir.
La presencia de algunos enviados del Gobierno de Donald Trump a Paraguay se da en medio de la acusación que lanzó el Gobierno del presidente Abdo Benítez, a través del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, de que el anterior Gobierno que lideró Horacio Cartes entregó un pasaporte al libanés Assad Ahmad Barakat, quien ya en el año 2003 había sido cesado en su condición de nacionalizado paraguayo.
En abril de 2018 le otorgaron de forma irregular el pasaporte paraguayo por parte de la Policía Nacional. Esto, sin tener en cuenta que Barakat carece de nacionalidad paraguaya y se encuentra investigado en otros países por el delito de lavado de dinero y posible vínculo con organizaciones terroristas.
En medio de esta denuncia apareció en el país Celina Realuyo, la norteamericana representante del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos de Defensa de la Universidad Nacional de Defensa, Washington.
La misma vino a dar cursos a fiscales de nuestro país referentes a la Lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, La convergencia del terrorismo y el crimen organizado: El caso del Estado Islámico, Los casos de las FARC en Colombia y Hezbolá en las Américas, y otros puntos.
Ayer la mujer se reunió con diputados que forman parte de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico.
La experta ocupó cargos relevantes en Estados Unidos y es una de las personas de confianza del Gobierno norteamericano.
CONGRESISTA. Horas después de que el Gobierno habló ayer del caso Barakat, apareció en el Palacio de Gobierno el congresista estadounidense Michael Quigley, acompañado del embajador de EEUU en nuestro país, Lee McCleeny, y se reunieron con el mandatario.
El norteamericano señaló que consideran al Paraguay como un socio aliado y que trabajan en cooperación con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA). Alegó no saber nada del caso Assad Barakat, pero dejó en claro que seguirá la ayuda de su Gobierno en erradicar este tipo de irregularidades y la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero, sobre todo en la Triple Frontera.
CURSO. Hace unos 32 meses, el Departamento de Justicia y Servicio de Impuesto Interno de EEUU estuvo a cargo de un curso de Técnicas de investigaciones financieras y lavado de dinero, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay. Los instructores fueron agentes del Servicio de Impuestos y un fiscal federal de los EEUU.
“El objetivo del curso es mejorar la comprensión de los participantes sobre las técnicas básicas y avanzadas para la realización de análisis e investigación financiera en casos de lavado de activos y otros delitos. El curso incluirá disertaciones a cargo de los instructores y ejercicios prácticos centrados en casos hipotéticos”, especificaba un comunicado de la Embajada en nuestro país.
DESDE WASHINGTON. Emanuele Ottolenghi trabaja en Washington para la Fundación para la Defensa de las Democracias y es uno de los expertos más agudos en las investigaciones sobre la presencia de Hezbolá en América Latina y en la Triple Frontera.
Hace poco menos de un mes realizó un informe donde decía que “hay casos que se están investigando en Estados Unidos y también en Paraguay, aunque con más dificultad en Paraguay, porque siempre hay intentos de bloquear las investigaciones. Sin embargo, los documentos hablan muy claramente de que el beneficiario último es Hezbolá”.
Quieren nuevo proyecto de lucha contra terrorismo
Hace un mes, la Fiscalía General anunció que pretende crear un nuevo proyecto de ley especial en materia de lucha contra el terrorismo en donde se contemplen nuevas figuras penales, amplias y efectivas.Desde el Ministerio Público señalaron que el objetivo fue examinar la conformidad a derecho de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico. Esto, con relación a las reformas legislativas llevadas a cabo para combatir el terrorismo mediante la tipificación delictiva de los actos de terrorismo, su financiación y el congelamiento de activos vinculados a estas actuaciones criminales.
Asimismo, se abordó la eficacia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los controles fronterizos, migratorios, la coordinación interinstitucional, la cooperación internacional y regional en el intercambio de la información en la lucha contra el terrorismo. De la reunión participaron autoridades de varias instituciones.UH
