Es una secretaría que en teoría lucha por la transparencia y contra la corrupción, sin embargo, en la práctica no se dedica a investigar ni perseguir actos de corrupción y se limita a delegar denuncias a las unidades de Transparencia de las mismas instituciones denunciadas. En varias ocasiones alegaron que solo tienen atribuciones de investigar a las cabezas de los entes dependientes del Ejecutivo, pero en una década de creación no trascendió ni un solo ministro o máxima autoridad que haya caído en una pesquisa de Anticorrupción, por el contrario, estos últimos años se han tapado los ojos ante la serie de actos de corrupción que sacudió al Gobierno.
La Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), que debiera ser la punta de lanza en la lucha contra los presuntos hechos ilícitos que diariamente saltan a la luz, en la práctica se traduce en una institución que se dedica más bien a delegar los reclamos de la ciudadanía a las mismas instituciones señaladas como corruptas. Es decir, se volvió intermediaria de denuncias de corrupción cuando la misión institucional señala que es la encargada de “liderar la aplicación de políticas de transparencia de gestión y lucha contra la corrupción en todas las instituciones del Poder Ejecutivo”.
El modus operandi de la Senac es delegar a las unidades de Transparencia Anticorrupción (UTA) de cada entidad denunciada para que investiguen irregularidades que se les cuestionan y terminan autoinvestigándose. Lo más irónico de la situación es que las UTA no son subordinadas a la Senac y los encargados de las mismas terminan favoreciendo a los altos administradores.
Desde la Senac habían mencionado en su momento que ellos solo pueden investigar a las máximas autoridades de las instituciones afectadas y que formen parte del Poder Ejecutivo. Sin embargo, una década después de la creación de la institución, no se conoce el caso de algún ministro o máxima autoridad que haya caído por causa de una acusación de la Senac, lo cual la convierte en una farsa al considerar la cantidad de casos emblemáticos de supuestas irregularidades que fueron pasados por alto en la institución.
“Nosotros recibimos las denuncias y les asignamos a las unidades de Transparencia de cada institución a la que corresponde. Por ejemplo, si se hizo una denuncia en el Ministerio de Obras Públicas, se le asigna a la Unidad de Transparencia Anticorrupción de esa entidad para que gestione la denuncia”, explicó cuando era asesor jurídico de la Senac el hoy ministro Juan Federico Hetter.
Uno de estos casos delegados por la Senac a la UTA del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) es la licitación de esta cartera de USD 12 millones para la construcción de paradas de buses a precios “de oro” meses antes de las elecciones partidarias. Había denuncias de direccionamiento, riesgoso anticipo, compras de tecnología con las que ya se contaba, etc.
El caso de las paradas “de oro” había sido denunciado a la Senac durante la administración del exministro René Fernández, y tal como explicó Hetter en su momento, y fue desestimando en menos de 15 días con un confuso argumento de que la licitación estaba en proceso de ajustes, en menos de 15 días.
“La Unidad de Transparencia (UTA) de cada institución depende de su máxima autoridad, no depende de la Senac. Nosotros trabajamos coordinadamente con ellos porque nosotros somos la institución que reglamentamos el uso del portal y el sistema de seguimiento, pero en realidad cada UTA depende de su máxima autoridad”, explicó María Liz García, directora de Análisis y Seguimientos de casos de la Senad, ridiculizando de esta manera las gestiones de la Secretaría Anticorrupción que deriva denuncias a instituciones dependientes del Poder Ejecutivo para que estas se autoinvestiguen.
Se puede mencionar también la decena de denuncias recibidas por la Senac por supuestas irregularidades en procesos de contratación de personal dentro de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran) entre el 2019 y 2020. Fueron derivadas a la UTA de la entidad denunciada y las causas quedaron en la nada.
Como los mencionados, a la Secretaría Anticorrupción se le escaparon sonados ilícitos que desataron la indignación generalizada, principalmente por tragadas de fondos covid, como los tapabocas “de oro” en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), y la famosa agua tónica para combatir el virus en Petropar cuyas exautoridades afrontan procesos judiciales por estos casos.
Estos antecedentes que reflejan la nula intervención de la Senac es la que generó el debate sobre la funcionalidad de esta institución y el plan de suprimirla por el gobierno entrante. No hay que olvidar que la poca gestión de liderazgo de la Secretaría Anticorrupción cuesta mucho a los contribuyentes, ya que demanda un gasto aproximado de G. 4.000 millones al año, para casi nada.
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