Tras la renuncia de Mario Ferreiro a la Intendencia de Asunción, ciudadanos a favor y en contra de la decisión terminaron a los gritos en los pasillos de la Junta Municipal.
Un estallido de reacciones produjo la renuncia del intendente de Asunción, Mario Ferreiro, en las afueras de la Junta Municipal, donde diversos grupos aguardaban el inicio de la sesión prevista para la fecha.
Entre pitazos, gritos y careos, ciudadanos se enfrentaron a raíz de las posiciones diferentes que hay con relación a la posibilidad de una intervención a la Comuna capitalina.
Representantes de comisiones vecinales dijeron estar en desacuerdo con la aceptación de la renuncia, pues alegan que el caso podría quedar impune y se vería congelada la investigación del Ministerio Público.
Ante ello, apoyan la intervención de la Municipalidad de Asunción y pidieron que la decisión no sea nuevamente amañada. Solicitaron una auditoria y el término de la corrupción en la administración comunal.
Por otra parte, la organización de bañadenses se expresó a favor de Ferreiro e insistieron en que este proceso responde a una intensa “campaña de persecución”.
La renuncia de Mario Ferreiro se da en consecuencia del escándalo sobre una supuesta recaudación paralela en la Comuna, en el cuál estarían ligadas personas muy cercanas a su entorno.
Su decisión fue oficializada este viernes ante un inminente pedido de intervención del Municipio que debía ser definido en la sesión extraordinaria convocada por la Junta Municipal.
La acción promovida contra la Municipalidad cita que existiría en la plataforma de mensajería Telegram el grupo denominado Asado de Fin de Semana, donde supuestamente se negociaba el acto ilícito.
Entre los involucrados están el jefe de Gabinete, Marcelo Mancuello; Aureliano Servín, director de Recursos Humanos (RRHH); Francisco Florentín (ex empleado), y Fernando Arturo Ferreiro Ayala y Alberto Mauricio Ferreiro Paz, sobrinos del actual jefe comunal.
Ante esa situación, la Fiscalía decidió allanar en la víspera algunas oficinas de la sede comunal e incautó varios documentos, aparatos informáticos y celulares para su posterior análisis.
La fiscala Stella Mary Cano, quien tiene a su cargo el caso, ya formuló imputación contra seis personas por tráfico de influencia, lesión de confianza y coacción, en el marco de las investigaciones de un supuesto sistema de recaudaciones paralelas.
