A 30 años de la Constitución Nacional Paraguaya, queda un largo camino hacia un Estado de derecho pleno y justo.
En el marco de la celebración de las tres décadas de vigencia de la actual Constitución Nacional de la República del Paraguay, se llevó a cabo una conferencia organizada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y el instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del Paraguay (INECIP Py). El evento tuvo lugar en el salón auditorio “Serafina Dávalos”, del Palacio de Justicia de Asunción.
Participaron de la celebración el vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Alberto Martínez Simón; el vicepresidente segundo, Dr. Manuel Ramírez Candia; los miembros de la Sala Constitucional, Dr. César Diesel y Dr. Víctor Ríos Ojeda; y los ministros Dr. Luis María Benítez Riera y Dra. Carolina Llanes; además del presidente de INECIP Py, Prof. Dr. Roque Orrego.
Dando apertura al evento, el ministro Dr. César Diesel mencionó: “La Sala Constitucional tiene como principal tarea principal la de velar por la constitucionalidad, tienen la Carta Magna como guía y control de todas sus tareas (…) Procuramos la eficiencia en el servicio jurisdiccional, mayor celeridad que no haga mella en la calidad y equidad de los fallos. La justicia no solo debe ser pronta, sino de calidad y, por sobre todo, acorde a la Constitución y las leyes”.
Por otro lado, el ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda destacó que la fecha es muy significativa y un motivo de celebración, más teniendo en cuenta que el ministro, Dr. Manuel Ramirez Candia, fue uno de los convencionales participantes en la elaboración de la actual Carta Magna. En su ponencia, habló de los fundamentos axiológicos que sustentaron la elaboración de la actual Constitución que tiene como centro a la dignidad de los seres humanos y sus implicaciones contextuales, culturales, sociopolíticas, entre otros.
Por su parte, el Prof. Dr. Roque Orrego inició su ponencia indicando que la actual
Constitución Nacional es motivo de gran orgullo, pero que aún existe un gran camino por recorrer en varios puntos, como la igualdad ante la ley y la aplicación de las normativas.
Argumentó su tesis mencionando que actualmente la población penal es de 16.029, de los cuales solo el 28,87 % tiene condena, y el 71,3 % no ha tenido un juicio previo. Desde el año 2000, el índice de encierro por cada 100.000 habitantes ha subido exponencialmente; sin embargo, otros datos indican que también los grupos delictivos cada vez tienen más poder. En el 2019, la economía subterránea (tráfico de estupefacientes) generó US$ 3.600 millones (46,3 % del PIB). Esto refleja que no se cumple el paradigma constitucional y que tenemos un sistema de persecución del delito mediocre, que persigue y castiga personas sin poder
social y no a grupos delictivos que producen acumulación con modelos delictivos
económicos exitosos.
Para cerrar su ponencia, el Dr. Orrego resaltó la necesidad de contar con una política criminal que comience a expandir el poder penal y destierre la impunidad de los sectores que acumulan tanto poder económico como político, y distorsionar el funcionamiento del poder judicial. También señaló el fracaso de encerrar a quien merece ser objeto de políticas sociales de derecho y la potenciación de la participación ciudadana en el sistema de justicia.
Por último, el secretario constitucional, abogado Julio Pavón, expuso sobre Sentencias atípicas de la Sala Constitucional. Además de las autoridades mencionadas, participaron del evento magistrados y magistradas, como también funcionarios y funcionarias del Poder Judicial. HOY
