Ya se ejecutó la transferencia anual de los fondos en concepto de royalties de las entidades binacionales a los municipios y las gobernaciones, sin embargo, el Ministerio de Hacienda no pudo concretar el paso de los recursos a 85 de las 255 comunas beneficiarias porque no cumplen con todos los requisitos o no rindieron cuentas.
Las irregularidades tienen origen también en lo referente a los requerimientos de Hacienda, Contraloría u observaciones por parte de Auditoría del Poder Ejecutivo, además de no haber cumplido con el depósito del 15% del impuesto inmobiliario o el informe de gestión.
Cuestionados intendentes recibirán a pesar de las irregularidades detectadas estos fondos que son distribuidos en gastos capitales y corrientes.
Esto pese al intento del Poder Ejecutivo de destinar parte de los royalties al Ministerio de Salud, en el marco de las medidas de urgencia por la pandemia por Covid-19.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había presentado un proyecto para destinar el 20% de los royalties a Salud, pero el Congreso hizo una modificación y aprobó que por este año el 40% de los royalties que anualmente reciben municipios y gobernaciones, sea destinado a la compra de alimentos, 40% para gastos corrientes y 20% para gastos de capital, y que no haya nuevos contratos de funcionarios. Esta ley fue promulgada y publicada ayer.
Es decir, los intendentes reciben estos millonarios aportes sin certezas de control y con el histórico conocido de la falta de rendición y malversación de fondos.
En febrero pasado, la Contraloría presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de intendentes y ex intendentes de cinco municipios por la existencia de presuntas irregularidades, que causaron perjuicios de más de G. 3.000 millones en total. Se trata de las municipalidades de Carmelo Peralta, Ñacunday, Independencia, Arroyito y San Estanislao.
