El Gobierno español declara a la isla como zona catastrófica y solicitará fondos europeos para la reconstrucción de viviendas, infraestructuras, colegios, empresas y campos de cultivo y ganadería
El volcán de La Palma, una de las islas canarias españolas, sigue expulsando lava desde hace más de 96 horas.
El magma se abre paso convirtiendo en devastación todo lo que encuentra a su paso.
Las toneladas de lava avanzan sepultando viviendas, colegios, empresas y campos de cultivo.
El gobierno canario cifra en 500 millones de euros el impacto económico que está generando la erupción del volcán situado en la zona de Cumbre Vieja de la isla española de La Palma.
Los kilómetros de lava dibujan escenas desoladoras. “Hemos sacado lo que hemos podido” dice Juan González a Infobae, uno de los agricultores porque sus plantaciones están en peligro por el volcán en La Palma. “¿Si baja la lava por aquí? Nos quedamos sin casa, sin finca y si nada” dice uno de los productores. “Con esto se pierde la cosecha entera”.
Los agricultores controlan desde lejos el avance de la lava. El miedo es que se corte el suministro de agua. Julio Santafé, vecino de Juan, ya respira un poco más tranquilo, ha conseguido poner a salvo a sus cabras.
“Tuvimos que cargar las cabras y salir corriendo”. Como él, decenas de ganaderos intentan rescatar a todos sus animales antes de que la lava arrase sus explotaciones.
El sector turístico también está tocado. La erupción corta la recuperación de las reservas hoteleras tras el Covid-19, justo en el inicio de un período bastante intensivo en la llegada de turistas internacionales en las Islas Canarias.
“Hay personas evacuadas, hay hoteles evacuados, hay casas rurales, villas, que están destruidas, otras que no se puede acceder”, aseguran desde la patronal turística canaria.
El Gobierno de España ya estudia un plan para asegurar la economía de la isla de La Palma, tras declararla como zona catastrófica. “Estamos trabajando en un mecanismo de protección laboral específico para La Palma y el archipiélago Canario”, aseguran desde el Gobierno Canario. La idea es poder ayudar a todos los trabajadores y empresas afectadas.
Lo que es cierto es que la erupción del volcán en la isla de La Palma ha abierto una crisis sin precedentes en medio siglo que ha obligado al Gobierno de España a revisar los protocolos de actuación ante catástrofes naturales.
La Moncloa ha empezado a diseñar un plan específico que agilice las ayudas y se adapte a las circunstancias excepcionales de la primera emisión volcánica terrestre en España desde 1971.
La fórmula administrativa ya está sobre la mesa del ministro de Presidencia español, Félix Bolaños, que ha asumido la coordinación de una respuesta temprana a la cobertura de los daños ocasionados.
Esta abarcará la reconstrucción de viviendas e infraestructuras; medidas fiscales para los particulares y empresas damnificados; y medidas laborales y subvenciones específicas para la pesca y la agricultura, los principales sustentos económicos de la isla aparte del turismo.
Las zonas arrasadas por la lava no servirán para el cultivo durante décadas y la posible llegada de la lava al océano alterará el ecosistema marino.
La lava ha arrasado hasta el momento más de 150 hectáreas y ha destruido total o parcialmente casi 400 edificios.
La evolución de las lenguas de lava, que todavía no han llegado al océano, ha obligado a evacuar hasta el momento a más de 6.800 personas.
Uno de los primeros interrogantes que el Gobierno debe resolver es si la situación en La Palma, inédita en los últimos 50 años, rebasa las previsiones de la legislación vigente. Pero mientras dure la erupción no será posible evaluar los daños.
Una de las dudas es si las cuantías que se estipulan en el real decreto bastan para atender las necesidades de los damnificados.
Por ejemplo, la regulación ante las catástrofes fija una cuantía máxima de 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual.
En el caso de que los daños afectasen a la estructura de la vivienda habitual, en concreto a las dependencias destinadas a la vida familiar, las ayudas no superarían los 10.320 euros.
Y en ningún caso serían superiores a los 2.580 euros por la destrucción o daños de enseres domésticos de primera necesidad de la vivienda habitual. Por la muerte o incapacidad absoluta y permanente “causada directamente por los hechos que provocaron la situación de emergencia o catástrofe pública” se abonarían 18.000 euros.
La misma norma establece que estas cuantías “podrán ser revisadas” por el ministro del Interior, previo informe favorable del Ministerio de Economía y Hacienda, “para adaptarlas a la evolución del coste de la vida”.
Ante desastres naturales de este tipo, los países de la Unión Europea pueden solicitar también de forma urgente medios materiales a Bruselas a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, que podría llevar hasta La Palma desde víveres hasta tiendas de campaña en unas 48 horas según un portavoz de la Comisión.
Los Veintisiete tienen la opción de solicitar este apoyo cuando se ven desbordados por desastres como terremotos o inundaciones; lo han hecho durante la pandemia, para solicitar productos como mascarillas. España, de momento, no ha solicitado nada a través de este programa.
Pasado el desastre, los países siguen teniendo la opción de solicitar ayudas económicas a través del Fondo de Solidaridad de la UE, que puede cubrir los costes de las operaciones de emergencia y recuperación de las autoridades públicas.
Este mecanismo, puesto en marcha en 2002 tras unas inundaciones que asolaron Europa Central, no es automático y los países han de cumplir estrictos requisitos para solicitarlo. Hasta ahora se ha utilizado en unas 80 catástrofes ―inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas y sequías― y se ha ayudado a 24 países europeos diferentes por un importe de más de 5.000 millones de euros.
Para activarlo, los Gobiernos han de enviar en las 12 semanas siguientes al desastre una solicitud a la Comisión Europea que demuestre que el impacto directo supera el 0,6% de la renta nacional bruta del país o el 1,5% del Producto Interior Bruto regional (o del 1% del PIB si se trata de las regiones exteriores, como es el caso de Canarias).
En el caso del archipiélago, el desastre debería superar los 457,2 millones de euros, según las listas de umbrales de 2021 que publica la Comisión. Si la solicitud cumple los criterios, la Comisión propone al Consejo y al Parlamento Europeo la movilización de la ayuda, que va con cargo al presupuesto de la UE. /infobae/
