La violencia machista, la falta de coordinación entre las instituciones del Estado y la carencia de presupuesto que permita articular políticas públicas para atender casos de feminicidio exponen un “problema estructural” en Paraguay, afirma el experto Aníbal Cabrera.
El responsable de la Dirección Ejecutiva de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), Aníbal Cabrera, aseguró que la sociedad paraguaya no está “asumiendo” que “existe” el asesinato sistemático de mujeres en el país, tipificado en su mayoría como casos de feminicidio, un problema que —dijo— tiene una “responsabilidad estatal al más alto nivel”.
La CDIA aseguró, en un informe difundido el viernes pasado, que en Paraguay se han registrado 255 casos de feminicidios entre 2017 y 2022. Y como consecuencia de estas muertes, 331 niños, niñas y adolescentes quedaron en situación de orfandad.
“Somos una sociedad violenta, machista, adultocéntrica, que está teniendo estos indicadores de muertes”, con “consecuencias nefastas para las familias y para los niños y niñas principalmente”, sentenció Cabrera.
El asesinato de una mujer de 41 años en el barrio de Loma Pytá, en Asunción, sacudió a la opinión pública la semana pasada tras conocerse que recibió tres disparos de su presunta ex pareja, un ex policía de 62 años.
Se trata de la quinta muerte en 2023 de una mujer, atribuida preliminarmente por las autoridades como un presunto caso de feminicidio.
En Paraguay, para que una muerte sea tipificada como feminicidio debe ser corroborada por la Justicia conforme al artículo 50 de la Ley Nº 5777, de “Protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”.
La ley define el feminicidio como “el que matara a una mujer por su condición de tal”. Además, establece seis circunstancias, entre ellas que el autor del crimen sostenga un vínculo “conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo”, o que haya existido una relación de “subordinación o dependencia”, entre otras.
Por su parte, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), exigió este viernes a las autoridades del país una “investigación exhaustiva” por los “alarmantes casos de feminicidio” registrados a inicios de 2023.
“Estos problemas no parecen ser una prioridad para las autoridades nacionales y locales”, señaló la Codehupy a través de un manifiesto difundido en su página web.
Ante esto, la ministra de la Mujer, Celina Lezcano, reconoció, a través de una conversación telefónica con EFE, que existen “muchísimas cosas que hay que ir mejorando” para prevenir estas muertes.
Los casos de niños que quedan en situación de orfandad, debido al asesinato de su madre, evidencian “el doble costo social y familiar” que trae consigo el feminicidio en el país, comentó Lezcano.
“Las mujeres víctimas de feminicidio en Paraguay tienen de tres a cinco hijos”, aseguró.
Lezcano afirmó que el Ministerio de la Mujer trabaja y articula, junto a otras instituciones estatales, diferentes programas de prevención y seguridad para la mujer.
Para la abogada Mirta Morada, cofundadora de la organización Consultorio Jurídico Feminista, el problema de los feminicidios en Paraguay se debe a un “contexto cultural” donde se “justifica” o, en muchos casos, se “minimiza” la violencia, expresó en una conversación con EFE.
Morada considera que el país “necesita un cambio cultural” a través de una “reprobación social”. Y eso, según sus palabras, requiere un camino “muy difícil y muy largo”.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló, en una encuesta realizada en el 2021, que el 78,5% de las mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia, al menos una vez a lo largo de su vida, ya sea violencia sicológica, física, sexual o económica.
Asimismo, la violencia intrafamiliar fue el segundo delito más denunciado ante el Ministerio Público, en 2022.
Fuente: EFE
