Mientras los gremios de la producción se oponen completamente a las exigencias ambientales y sociales de la Unión Europea para sus compras de soja, el Gobierno negocia los puntos que a su criterio son razonables y se pueden cumplir.
No es común que la Unión de Gremios de la Producción (UGP) y el Gobierno se acusen mutuamente, ya que ambos consensuaban sus discursos, hasta que ahora expusieron sus desacuerdos sobre las exigencias de la Unión Europea en comunicación con Radio Monumental 1080 AM.
Para el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, es inviable, difícil y hasta imposible cumplir con las nuevas exigencias de mercado de la Unión Europea. Explicó que no es lo más difícil comprobar que no hubo deforestación en el proceso productivo, sino segregar la carga por origen y trazar por etapas, teniendo en cuenta que, en el caso de la soja, se comercializa a granel.
Entre los 12 certificados que pide, se encuentra el riesgo de corrupción. “Yo no sé quién tiene el corruptómetro en Paraguay para certificarte que vos no sos corrupto”, cuestionó sobre el Reglamento 1115 de la UE.
Para Cristaldo, se trata de una cuestión de soberanía que Paraguay debe defender y, en ese sentido, acusó a la Red de Inversiones y Exportaciones de tratar de “acomodar las fichas” en plena discusión sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Aunque el productor minimizó la participación del mercado europeo, con una incidencia de solo el 4% en las exportaciones paraguayas, que alcanzaron USD 11.980 millones, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, advirtió que en todo el mundo se está hablando de las exigencias socioambientales y que “es lo que se viene”.
El acuerdo Mercosur-Unión Europea está pendiente de firma desde hace 20 años y actualmente los países discuten si finalmente se firmará o se suspenden las negociaciones.
Mientras tanto, Giménez explicó que se está tratando de encontrar algunos mecanismos que consisten en “negociar las condiciones que son razonables”, es decir, las que Paraguay sí aceptará, así como su aplicación en los exportadores, refiriéndose a la documentación de trazabilidad.
El ministro no ve cuál es el problema de demostrar que no se incurrió en la deforestación o en la expulsión de pueblos indígenas para la producción de soja y, en ese sentido, no comprende el rechazo del sector privado. “Chocamos internamente muchas veces con posturas de ciertos gremios que se volvieron radicales en esto”, dijo.
Aunque no nombró a Cristaldo, el dirigente es uno de los principales voceros de los gremios productivos que se pronuncian en contra de las exigencias europeas. Le molestan principalmente las acusaciones de “entregar la soberanía”, bajo el argumento de aceptar leyes europeas por encima de las normativas paraguayas.
Sin embargo, Giménez defiende la oportunidad de mantener el mercado europeo, antes que descartarlo, como proponen los productores. Observa en el discurso “una guerra dogmática” e insta a “un cambio de chip” del sector privado.
Para la Unión Europea, el acuerdo con el Mercosur y el reglamento aprobado el año pasado son dos aspectos distintos, aunque responden a la misma tendencia sobre la sostenibilidad. El segundo se impuso sobre las importaciones de materia prima, contemplando la carne y la soja, que son los principales productos de exportación de Paraguay.
Aunque el mercado europeo para la soja en granos es marginal, es un destino muy valorado para el aceite enviado desde Argentina, donde justamente se procesa más del 70% de la soja paraguaya.
A diferencia de Paraguay, el país vecino trabaja en el cumplimiento del reglamento, siendo la plataforma ViSeC uno de los proyectos llevados adelante por los agroexportadores, quienes entienden que las mismas exigencias se irán extendiendo a todos los mercados.
Una vez que las cargas argentinas obtengan la certificación de haber cumplido con las nuevas normas, ya no se podrán mezclar sus granos con la soja de Paraguay sin certificación. UH
