Denuncian a ministra del MEC por sobrefacturación
La Coordinadora de Abogados del Paraguay denunció a la ministra Marta Lafuente por el mal manejo de fondos en el caso referente a las botellas de agua que habrían sido adquiridas por el MEC a G. 10.000 y termos de cocido a G. 80.000.
Tras la denuncia que salió a luz días pasados donde se demostraba que el Ministerio de Educación y Cultura habría adquirido botellas de agua, termos para cocido, bocaditos y otros comestibles a precios insólitos a través de una licitación, la Coordinadora de Abogados del Paraguay decidió tomar cartas en el asunto.
Hoy, la abogada Kattya González, en representación del organismo, presentó ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción una denuncia contra la ministra de Educación Marta Lafuente, por la figura penal de Lesión de confianza, que se enmarca en este caso, según explicaron.
La abogada argumentó que si bien el hecho punible es del MEC, la denuncia es directamente contra la ministra Lafuente, pues “ella es la que debe rendir cuentas independientemente a que en el curso de la investigación surjan otras personas vinculadas al hecho punible”, señaló la representante de la Coordinadora.
“Entendemos que las investigaciones indican mal manejo de fondos públicos que podrían configurar hechos punibles como lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y eventualmente tráfico de influencias materializados en la compra sobrefacturada de rubros que en el precio de mercado son mucho menores”, señaló Katia González, al tiempo de lamentar que el MEC intente “justificar” los hechos basándose en el cumplimiento de los protocolos establecidos en la ley de contrataciones públicas. “Para nosotros es insuficiente”, aseveró.
La dirigente instó a la Fiscalía a tomar el tema con seriedad, ya que, según dijo, el Ministerio Público “monopoliza la acción penal pública y casi nunca investiga de manera oficiosa, conformándose con un análisis epidérmico del caso”.
La letrada recordó que el delito de Lesión de Confianza establece una expectativa de pena de 8 años de privación de libertad y criticó la “vergonzosa manera” en que se dilapidan los fondos públicos.
“Evidentemente una botella de agua que en el mercado está costando G. 800 y ellos están cobrando G. 10.000. Deben justificar el motivo por el cual se está pagando ese monto”, continuó manifestando.