Agencia IP.- La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, afirmó que la propuesta del Gobierno de modificar el Código Laboral busca actualizar a la normativa que actualmente obra en contra de los trabajadores en algunos aspectos, como la estabilidad laboral, y que los trabajadores conserven sus derechos.
Una de las principales barreras para los trabajadores corresponde a la estabilidad laboral a los 10 años de antigüedad. «Hay un retroceso del derecho cuando se despide a alguien cuando está cerca de los 10 años de antigüedad y se le vuelve a contratar como prestador de servicios», dijo en conversación con la vocera de Gobierno, Paula Carro.
Esto genera una relación simulada cuando el trabajador estuvo siempre en relación de dependencia y antes de los 10 años pierde su antigüedad, sus días de vacaciones y se constituye en prestador de servicios, detalló. «En todos los sentidos que miremos es un retroceso más que una ventaja», afirmó.
Desde el Poder Ejecutivo se plantea la necesidad de actualizar la normativa. La ministra Recalde aclaró que no se eliminará la estabilidad laboral e, inclusive, se planteará el aumento de los pagos de indemnización por despido.
Vamos a poner en el centro de la agenda todas las discusiones donde podamos mantener ese equilibrio entre lo que son los derechos de los trabajadores y el mundo productivo, dijo la ministra Recalde. Toda la propuesta será analiza con todos los sectores involucrados para consensuar una medida en el largo plazo.
Aumento de vacaciones y otros derechos
«Los derechos principales que están en agenda tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de contrato, del mejoramiento de salud y seguridad ocupacional, y el mejoramiento de las licencias», manifestó.
Sobre las licencias, una de las medidas que se busca modificar corresponde a los días de vacaciones. «Paraguay tiene los menores índices de periodo de descanso en la región y estos temas son importantes», indicó la ministra.
Todas las medidas que plantea el Gobierno responden a estudios y análisis sobre cuestiones laborales y a los propios datos con los que cuenta el Estado, a través del Instituto Nacional de Estadística y los registros del Ministerio de Trabajo y del IPS.
