Tras más de un año de investigación conjunta entre la SENAD y el Ministerio Público 🇵🇾, la Policía Federal 🇧🇷 y la Seal of the United States Department of Homland Security 🇺🇸, en la fecha se da inicio a una operación que apunta a la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil.
La acción abarca toda la cadena de valor de la organización criminal, desde la empresa (líder y vendedores), el órgano rector para importación y venta (DIMABEL) hasta los intermediarios que servían de nexo con las estructuras criminales del país vecino.
Se desarrollan en estos momentos:
20 Allanamientos en Paraguay (Central y Alto Paraná)
20 Allanamientos en Brasil en 6 Estados
1 Allanamiento en Kansas, Estados Unidos.
En el centro de la investigación se encuentra la Empresa Internacional Auto Suply (IAS) con asiento en Asunción, cuyo presidente DIEGO DIRISIO, de nacionalidad argentina, junto a su pareja JULIETA NARDI serían los líderes de la estructura criminal. También figuran como objetivos de captura varios de sus colaboradores y vendedores.
Por otro lado, se desarrolla una intervención en sede central de la DIMABEL en Asunción. En ese sentido, varios militares, algunos de alto rango, forman parte de la lista de personas a ser detenidas. La investigación, en un periodo de dos años, logró determinar la activa participación de los mismos en la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la Ley de armas así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras.
Así también se realizan intervenciones a varias viviendas y supuestos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como Ciudad del Este.
Mecanismo
En términos generales, la empresa, mediante sus conexiones con DIMABEL, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta.
Seguidamente los lotes de armamentos eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de 2 a 3 armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchos de ellos empleadas, jornaleros o estudiantes. En algunos caso éstos recibían pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin consentimiento.
Previo al envío al Brasil se procedía al borrado de los números de serie de las armas para evitar el rastreo y trazabilidad. Desde el año 2012, dicha empresa ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidos en nuestro país, sin embargo van a parar a los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera.
De manera a que los pagos no sean rastreados, la estructura criminal hacía uso de “doleiros” que operaban interconectados entre Paraguay y Estados Unidos. Los mismos “pulverizaban” grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5 mil dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde Estados Unidos.
