Agencia IP.- Tanto ex ministros de Relaciones Exteriores y embajadores como representantes del sector empresarial expresaron su apoyo a las gestiones de la Cancillería Nacional y el Gobierno por llegar a una solución en el conflicto sobre el tránsito en la hidrovía Paraguay-Paraná.
Durante este miércoles, el canciller Rubén Ramírez recibió a representantes del sector industrial y empresarial como parte del Consejo Consultivo Empresarial para las Relaciones Exteriores.
Los miembros del sector privado señalaron su apoyo a la Cancillería para que, a través de la diplomacia, se llegue lo antes posible a un acuerdo con Argentina sobre el peaje pretendido en la hidrovía y garantizar la libre navegabilidad.
Por su parte, el Consejo de Embajadores del Paraguay en Situación de Retiro (Cepsir), que reúne a ex cancilleres y diplomáticos paraguayos, emitió un comunicado resaltando su apoyo a la postura del Gobierno de reclamar el cobro unilateral de las tasas, en contravención al Tratado de la Hidrovía, así como la retención de barcazas paraguayas por no pagar el peaje, en contravención a las disposiciones del Tratado del Mercosur.
Ambos sectores señalaron que la medida compromete el comercio exterior paraguayo, que depende en su gran mayoría de la vía fluvial para la exportación de sus principales commodities y la importación de bienes de consumo y otros.
Situación en la hidrovía
El lunes se dio un encuentro entre el canciller Ramírez, acompañado de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, con la secretaría de Energía, Flavia Royón, y el presidente de la Administración de Puertos, José Beni, de Argentina.
Las autoridades acordaron mantener en reserva los detalles de las negociaciones de manera a llegar a un acuerdo sobre la aplicación de un peaje en la hidrovía. La decisión unilateral de Argentina cuenta con el rechazo de Paraguay y los demás países que comparten la vía: Bolivia, Brasil y Uruguay.
Otro punto de negociación con Argentina corresponde a los pagos pendientes por cesión de energía de la hidroeléctrica Yacyretá, que suman unos US$ 150 millones. Como medida de presión, Paraguay decidió utilizar toda la energía que le corresponde, obligando al país vecino a buscar suministro a precios no preferenciales.
