Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, presentó una denuncia por supuesta lesión de confianza por una póliza de seguro no ejecutada durante el periodo de su antecesora en el cargo, Sandra Quiñónez.
La denuncia se oficializó el último martes y es contra personas innominadas. El propio titular del Ministerio Público la formuló por la falta de ejecución de una póliza de Royal Seguros SA de G. 2.700 millones, en el marco de una licitación aprobada en 2015 para la construcción de la sede para la Fiscalía Regional de Caazapá.
La aseguradora está ligada a Juan Carlos López Moreira, el ex jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República en el gobierno de Horacio Cartes, según antecedentes.
De acuerdo con la denuncia, el Consorcio MYG no concluyó la obra; por tanto, se debía ejecutar la póliza pertinente. La póliza por la obra en cuestión no se ejecutó y finalmente Royal Seguros informó al Ministerio Público en 2020 que prescribió su derecho a reclamar la indemnización.
Es decir, durante la administración de Sandra Quiñónez no se cobró el seguro, cuyo valor totalizaba G. 2.735.952.145, según la denuncia.
La Fiscalía había comunicado a la empresa aseguradora sobre el incumplimiento por parte del consorcio en fecha 6 de diciembre de 2018, por lo que se configuró un siniestro estatuido en la garantía y en consecuencia se debía pagar el monto.
El trámite pertinente se dilató
La fiscala Marlene González será responsable de investigar a la administración de Sandra Quiñónez, quien estuvo fuertemente vinculada a Cartes, ahora presidente del Partido Colorado, sancionado financieramente por Estados Unidos y declarado corrupto por ese Gobierno.
Conforme a lo denunciado por Emiliano Rolón, el informe de cuentas finales de la obra asegurada por parte de Ética Peritos Liquidadores inició el 20 de diciembre de 2018 y en enero 2019 pidió informes complementarios al respecto.
En el trascurso de ese mismo periodo, Royal Seguros SA también solicitó información necesaria el 20 de diciembre de 2018.
La Fiscalía, en lugar de responder los dos pedidos, solicitó el 21 de marzo de 2019 procesar el pago, a lo que la aseguradora contestó ocho días después, pidiendo más información. Mientras tanto, tardó seis meses en responder a Ética Peritos Liquidadores.
Posteriormente, la Fiscalía requirió el informe final a ambos el 2 de octubre de 2020, lo cual fue contestado por los dos mediante notas del 6 y 13 de octubre de 2020 con una reiteración de pedido de información complementaria.
Llegado el 26 de octubre, la aseguradora comunicó al Ministerio Público que el derecho a reclamar la indemnización había prescrito. UH
