A través del Decreto N° 9065/23, la Presidencia de la República reglamentó la Ley de Presupuesto por Resultados (PpR), instrumento jurídico que representa un gran paso para la gestión pública.
En este decreto se establecen los lineamientos para contribuir a la articulación entre el Presupuesto y las prioridades establecidas por los distintos Organismos y Entidades del Estado (OEE) en el corto y mediano plazo, es decir, reforzar la planificación institucional para la provisión de bienes y servicios públicos.
Con el fin de relevar las distintas características de los bienes y servicios en cuanto a oportunidad, calidad, cobertura y eficiencia, se dispone la creación de un sistema de seguimiento de las metas establecidas y con ello el desarrollo de mecanismos para la corrección de desviaciones de metas de los distintos programas públicos contenidos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN).
Por otro lado, se establece la creación del sistema nacional de evaluación, el cual constituye un conjunto de mecanismos y procesos para generar una cultura de evaluación interinstitucional, además de la generación de un registro de expertos en la evaluación de programas.
Así mismo, otra de las innovaciones en cuanto a Políticas Públicas para el logro de los resultados, objetivos y metas de gestiones establecidas es la introducción del “Programa de incentivos y apoyo Presupuestario”.
De este modo, con el conjunto de datos generados se proveerá información útil para la toma de decisiones contribuyendo de manera significativa a la transparencia y optimización en el uso de los recursos públicos.
Finalmente, para el establecimiento de mejoras continuas la Dirección General de Presupuesto se encargará de impulsar el desarrollo y aplicación de los instrumentos necesarios por parte de los Organismos y Entidades del Estado.
