Los primeros 2.000 pandilleros fueron trasladados este viernes pasado a la megacárcel “más grande de América”, diseñada para resguardar 40.000 criminales, anunció el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien mantiene una “guerra” contra esas agrupaciones.
“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)”, aseguró el presidente Bukele en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a ese centro. La gigantesca prisión, dotada de alta tecnología para la vigilancia, fue inaugurada a principios de febrero por el propio Bukele.
Construida en un valle rural en las afueras de la ciudad de Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador, el CECOT se destaca por sus rigurosos controles de ingreso. En un vídeo que el mandatario compartió en Twitter, se observa a muchos pandilleros con sus torsos desnudos, vistiendo apenas un pantaloncillo blanco y descalzos, custodiados por policías y alineados en un gran patio de otra prisión del occidente del país.
Luego, con sus manos esposadas en la espalda, son subidos en autobuses y trasladados bajo fuertes medidas de seguridad que incluyeron sobrevuelo de varios helicópteros militares sobre el CECOT, a donde llegaron al amanecer. “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, señaló Bukele.
Cientos de policías, agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales y soldados participaron en el operativo de traslado. Ya en la gigantesca prisión, los pandilleros pertenecientes principalmente a la Mara Salvatrucha (MS-13) y a Barrio 18, fueron ingresando por grupos a varias celdas.
“Célula a célula estamos eliminado este cáncer de la sociedad. Sepan que no volverán a salir caminando del CECOT, pagarán por lo que son… cobardes terroristas”, escribió de su lado en Twitter el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El presidio fue construido para recluir a parte de los poco más de 64.000 pandilleros detenidos hasta el momento bajo un régimen de excepción decretado por el Congreso a pedido de Bukele, en respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo de 2022.
Para construir la cárcel, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales albergan ocho pabellones ubicados dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de largo, protegido por alambradas electrificadas.
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