Un total de 18 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida en 2020 en Paraguay a causa de la desnutrición. Además, se reportó que 2 niñas dieron a luz por tercera o más veces y otras 10 concibieron por segunda vez, a causa de abusos sexuales.
Según datos brindados por la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), en Paraguay murieron el año pasado 18 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 12,7% de niñas y niños de menos de 5 años tenían desnutrición crónica y el 47,4% eran niños en situación de pobreza.
En el informe “La Infancia Cuenta 2020”, presentado por la CDIA, se incluyeron datos claves respecto a la situación de niñas, niños y adolescentes diferenciados por la demografía, economía, salud, educación, protección y acceso a la justicia.https://www.ultimahora.com//_post/viewerpdfjs.php?file=https://media.ultimahora.com/adjuntos/161/documentos/010/825/0010825319.pdf?0000-00-00-00-00-00
En la dimensión demográfica, se detectó que 35 de cada 100 habitantes del Paraguay son niñas, niños y adolescentes, que consiste en un total de 2.504.068 personas.
En segundo lugar, en la dimensión económica se revela que los departamentos donde casi la mitad de niñas, niños y adolescentes están en situación de pobreza son San Pedro, Caaguazú y Caazapá. De los mismos, 4 de cada 10 vivían en situación de pobreza extrema y no extrema en 2020, totalizando 911.486.
Además, el servicio de Fono Ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna), recibió el año pasado 33 reportes sobre casos de criadazgo, de los cuales el 72% eran niñas y adolescentes mujeres.
Sobre la dimensión de salud, se reportó que en 2020 dos niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz por tercera o más veces, mientras que otras 10 lo hicieron por segunda vez. Solo en Alto Paraná y Central fueron registrados 125 de los 494 partos de niñas de entre 10 y 14 años.
Desde el 2013 hasta el 2019 en el país se mantiene un promedio de dos partos diarios de niñas de entre 10 y 14 años, a causa de abusos sexuales.
Seguidamente, en cuanto a la educación, en esta dimensión se encontró que 43,4% de adolescentes indígenas de entre 14 y 17 años no accedieron a estudios, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPHC) Indígena 2016-2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En 2020, 1.206.495 niñas, niños y adolescentes matriculados en el nivel inicial, escolar básica y media, acudieron a instituciones públicas del país. En contrapartida, 9 de cada 10 estudiantes reprobados desisten de seguir con sus estudios y no se matriculan al año siguiente. En cuanto a la población indígena, una de cada dos tienen entre 0 a 17 años.
Con relación a la protección, el servicio Fono Ayuda 147 del Minna, de 2014 a 2019 tuvo un aumento del 76% de las notificaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que de 3.357 en el 2014 se llegó a 5.912 en el 2019, disminuyendo levemente a 5.060 en 2020.
Finalmente, en la dimensión de acceso a la justicia, en Paraguay hay alrededor de 13 denuncias por día por incumplimiento del deber alimentario, de los cuales el 30,8% son de Central.
Entretanto, sobre los adolescentes con problemas penales, el Mecanismo de Prevención de la Tortura denunció el año pasado que las torturas y malos tratos siguen fuertemente en el sistema de castigos de los centros. Solo el 22,8% de adolescentes privados de libertad tenían una condena.
Además, de acuerdo con la coordinadora, el reporte se elaboró mediante datos que fueron facilitados por 10 organismos y entidades gubernamentales y su presentación se realizó en el marco de la 6° Semana de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e Inversión en Niñez y Adolescencia, cuyas actividades son impulsadas por CDIA en asociación con Decidamos, la Universidad Iberoamericana, entre otras entidades.
La Semana ODS e Inversión en Niñez y Adolescencia es un espacio donde se desarrollan talleres, conversatorios y seminarios a fin de “visibilizar las brechas y desafíos que existen entre la Agenda 2030 y la inversión social en Paraguay, con énfasis en niñez y adolescencia; de manera a sensibilizar e informar a decisores políticos, directivos y técnicos de los tres poderes del Estado y de los tres niveles de Gobierno sobre la necesidad e importancia de incrementar la cantidad y la calidad de la inversión para este grupo de población”, indicaban a través de la CDIA.
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